Si bien el ajuste del Banco Nación en Entre Ríos no bajó persianas, sí vació estructuras desde adentro como las líneas de fomento productivo.El Banco Nación Argentina informó oficialmente que en Entre Ríos “las 28 sucursales” que existen “siguen abiertas”, pero la entidad perdió casi el diez por ciento de su personal en la provincia y las líneas de fomento productivo se derrumbaron más de un 70%. Fue en respuesta oficial a un pedido de acceso a la información pública de ANÁLISIS, donde se asegura que no hubo un solo cierre en Entre Ríos, aunque omite que entre fines de septiembre y principios de octubre de 2025 la entidad desmanteló por completo el edificio de la sucursal de Santa Elena, construido, equipado y con personal designado, pero jamás habilitado. El BNA admitió además a este medio haber pasado todo 2023 sin una sola línea hipotecaria vigente y eludió responder sobre el impacto provincial de su transformación en sociedad anónima.
El Banco de la Nación Argentina dice que no cerró ninguna sucursal en Entre Ríos desde diciembre de 2023. Tampoco fusionó dependencias ni recortó horarios de atención. Los 28 puntos de atención que existían al comienzo de la actual gestión nacional siguen en pie, con el mismo horario de 8 a 13. Ese es el dato que la entidad exhibe en primer lugar al responder un pedido de acceso a la información pública formulado por este medio en el marco de la Ley 27.275. Pero detrás de esa fachada de continuidad, los números que el propio banco aporta describen otro proceso: un ajuste que no bajó persianas, sino que vació estructuras desde adentro.
La respuesta, identificada como Requerimiento N° 282/2026 y firmada digitalmente el 16 de julio por Ignacio Abate Moreno, Responsable Titular de Acceso a la Información Pública del banco, contesta un pedido ingresado el 24 de junio que abarcaba cinco puntos: la nómina de sucursales y sus eventuales cierres o reducciones, la dotación de personal, la cartera de crédito por línea, los créditos de fomento productivo y el estado del proceso de transformación de la entidad en sociedad anónima dispuesto por el Poder Ejecutivo.
Sucursal fantasma
La afirmación de que no hubo cierres en la provincia merece una nota al pie que el banco omitió cuidadosamente. En Santa Elena, departamento La Paz, la entidad construyó y equipó por completo un edificio destinado a sucursal que nunca abrió sus puertas. La obra se inició en noviembre de 2022, en pleno centro cívico de la ciudad, sobre calle Buenos Aires, frente a la plaza Centenario y a metros del municipio. El 10 de julio de 2024 el banco quedó inscripto como actividad comercial en la Municipalidad de Santa Elena, y la apertura parecía inminente: el personal ya había sido designado, incluyendo gerente, jefe de caja, cajeros, personal administrativo y contador, que visitaron la ciudad en mayo de ese año. El edificio quedó en condición de estreno, con los cajeros automáticos instalados, el mobiliario colocado y las luces encendidas por las noches, al punto de confundir a vecinos que intentaban entrar a operar. El Centro Comercial e Industrial local llegó a preparar el festejo de inauguración.
La inauguración nunca llegó. El 3 de julio de 2025 la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó un proyecto del diputado oficialista paceño, Bruno Sarubi, solicitando al Poder Ejecutivo nacional, al Ministerio de Economía y al Directorio del banco la habilitación urgente de la sucursal, para una ciudad de más de 20.000 habitantes, con más de 500 pymes y comercios y miles de jubilados que deben viajar 40 kilómetros hasta La Paz para acceder a un banco público. La respuesta institucional llegó a fines de septiembre de 2025, pero no fue la apertura: camiones comenzaron a retirar los cajeros automáticos, el mobiliario, la cartelería y hasta las puertas del edificio, con destino a la sucursal de Concordia, según denunciaron los vecinos que protagonizaron protestas espontáneas para intentar frenar el vaciamiento. El 2 de octubre, el Centro Comercial e Industrial de Santa Elena envió una carta documento al presidente del banco, Daniel Tillard, exigiendo una reunión formal inmediata. La comunidad también le escribió al gobernador Rogelio Frigerio para que intercediera ante el presidente Javier Milei. Ninguna gestión torció la decisión.
El episodio no computa en ninguna estadística porque, formalmente, el banco no puede cerrar lo que nunca habilitó. Por eso la simetría de los 28 puntos de atención entre diciembre de 2023 y julio de 2026 es aritméticamente exacta y sustancialmente engañosa: en el medio de esas dos fotografías idénticas se levantó, se equipó, se dotó de personal y se desarmó una sucursal entera, en coincidencia temporal con el plan de reordenamiento que la entidad anunció el 25 de junio de 2025 y que redujo su red nacional de 769 a 709 puntos de atención. Consultado por este medio sobre cierres, fusiones o reducciones en Entre Ríos, el banco no dedicó una sola línea a Santa Elena. Este medio ha requerido formalmente la ampliación de esa respuesta, incluyendo el monto invertido en la obra, los actos administrativos que decidieron no habilitarla y desmantelarla, y el destino dado al inmueble, a su equipamiento y al personal que había sido designado.
El dato más contundente de la respuesta es el de la dotación de personal. Las sucursales de la Gerencia Zonal Entre Ríos tenían 474 empleados en diciembre de 2023. En diciembre de 2024 eran 460. Un año después, 436. Y en junio de 2026, 427. En dos años y medio, el banco perdió 47 trabajadores en la provincia, una merma del 9,9 por ciento de su planta. El detalle que aporta la propia entidad es elocuente sobre el mecanismo: en el período se registraron 71 bajas contra apenas 9 altas, además de 15 traslados. Es decir, por cada nuevo ingreso hubo casi ocho salidas.
El patrón es conocido: el Estado no se retira cerrando puertas sino dejando de reponer a quienes se van. Las 28 bocas de atención siguen figurando en el mapa, pero cada una funciona con menos gente. La entidad informó además que cuenta con 6 puestos de cajeros automáticos extrabancarios en la provincia, detallados en un anexo, sin precisar si esa red compensa o no la pérdida de personal de atención directa.
El derrumbe del fomento productivo
Si la reducción de personal es el ajuste hacia adentro, el abandono de las líneas de fomento productivo es el ajuste hacia afuera. El banco indicó que los créditos otorgados en el marco de líneas específicas de fomento productivo a clientes radicados en Entre Ríos, incluyendo tanto líneas exclusivas para la provincia como aquellas de alcance nacional, cayeron de 165 operaciones en 2023 a 80 en 2024, 47 en 2025 y apenas 40 en lo que va de 2026. Entre 2023 y 2025, dos años completos y comparables, la caída es del 71,5 por ciento.
Los montos nominales engañan. Los 6.231 millones de pesos otorgados en 2025 parecen superar con holgura a los 4.327 millones de 2023, pero entre ambos años los precios se multiplicaron por más de cuatro. Deflactados por el índice de precios al consumidor del INDEC, tomando el nivel promedio de cada año, los créditos de fomento productivo de 2025 equivalen a menos de un tercio de los de 2023 en términos reales: una caída cercana al 67 por ciento en poder de compra, coherente con el desplome del 71,5 por ciento en la cantidad de operaciones. Para dimensionar el contexto: entre diciembre de 2023 y junio de 2026 la inflación acumulada fue del orden del 234 por ciento.
La paradoja es que esto ocurre en una provincia de matriz agropecuaria, y en una entidad cuya carta orgánica y cuyo discurso institucional invocan históricamente el fomento de las economías regionales como razón de ser.
La lectura completa de la respuesta obliga, sin embargo, a un matiz. El derrumbe del fomento productivo no significa que el banco haya dejado de prestar en Entre Ríos. Al contrario: la cartera comercial general creció con fuerza, incluso descontando la inflación. Los préstamos personales pasaron de 14.558 operaciones en 2023 a 37.288 en 2025, y su monto se multiplicó por cinco en términos reales. Los préstamos PYME crecieron un 46 por ciento en cantidad de operaciones y duplicaron su monto real. Los agropecuarios aumentaron un 57 por ciento en operaciones y multiplicaron por dos y media veces su volumen real.
El contraste dibuja la reorientación del banco con más precisión que cualquier declaración: crece el crédito comercial a tasas y condiciones de mercado, especialmente el destinado al consumo, mientras se desmantelan las líneas promocionales con las que la banca pública subsidiaba históricamente al entramado productivo. El Banco Nación presta más que antes en Entre Ríos, pero cada vez se parece más a un banco comercial y cada vez menos a un banco de fomento. Los datos de préstamos personales e hipotecarios están actualizados al 29 de junio de 2026, y los de PYME y agropecuarios al 24 de junio.
El capítulo de los créditos hipotecarios contiene una admisión notable por partida doble. Para 2023, el banco consigna directamente que no corresponde informar operaciones, y lo explica en una nota al pie: durante todo ese año la entidad no poseía líneas de crédito hipotecario vigentes para la adquisición de vivienda. Una segunda aclaración agrega que la línea +Hogares, lanzada en mayo de 2024, llegó luego de más de dos años y medio sin oferta comercial para ese destino. Es decir que el principal banco público del país reconoce por escrito que entre fines de 2021 y mediados de 2024, abarcando el tramo final de la gestión anterior y el inicio de la actual, un entrerriano no podía obtener en sus sucursales un crédito para comprar una vivienda.
Desde el relanzamiento, la línea mostró un despegue y luego una meseta: 34 operaciones en 2024, 304 en 2025 y 147 en el primer semestre de 2026, un ritmo que de sostenerse cerraría el año en torno a las 294, apenas por debajo del año anterior. El monto promedio por operación, de unos 76 millones de pesos en 2025 y 78 millones en 2026, se mantuvo prácticamente congelado en términos nominales, lo que implica créditos individuales más chicos en términos reales.
La respuesta que no fue
El quinto punto del pedido apuntaba al tema más sensible: el estado y el eventual impacto en Entre Ríos del proceso de transformación del banco en sociedad anónima dispuesto por el Poder Ejecutivo, en lo relativo a sucursales, personal y servicios en la provincia. Allí la entidad optó por el repliegue. Informó que las actuaciones vinculadas al proceso de transformación institucional se encuentran sometidas a debate judicial y alcanzadas por una medida cautelar vigente, que el banco articuló las vías recursivas para salvaguardar sus derechos e intereses, y que el proceso está en pleno trámite sin pronunciamiento jurisdiccional definitivo.
Ni una palabra sobre sucursales, personal o servicios en Entre Ríos, que era exactamente lo que se preguntaba. La existencia de un litigio judicial sobre la validez del decreto de transformación no impide informar si la entidad proyecta o no cambios en su estructura provincial. La no respuesta se inscribe en una serie que este medio viene documentando: cuanto más político es el punto consultado, más procesal es la contestación.
Un último detalle ilustra la cultura institucional con la que los organismos nacionales procesan las obligaciones de la Ley 27.275. Cada una de las páginas de la respuesta a este pedido de acceso a la información pública lleva impresa, al pie, la siguiente leyenda: “el presente informe y su contenido es confidencial y su difusión se encuentra limitada a las partes involucradas”. Una respuesta pública, obtenida mediante una ley de publicidad de los actos de gobierno, sellada como confidencial. La contradicción no necesita glosa.
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