La reforma previsional debe priorizar la protección de derechos, la equidad de género, la sostenibilidad financiera y el respeto a los principios constitucionales, evitando medidas regresivas y delegaciones inconstitucionales, y asegurando un proceso participativo y consensuado.
La Defensoría del Pueblo de Paraná analizó el proyecto desde una perspectiva centrada en las personas afectadas, no sólo en los aspectos económicos. Reconoció la necesidad de modificar el sistema para garantizar su sustentabilidad, pero enfatizó que cualquier reforma debe respetar los derechos de los beneficiarios y aportantes, considerando su impacto en la economía local y en la vida de los ciudadanos.
La reforma previsional “debe cumplir con los principios y artículos de la Constitución provincial y nacional, así como con la jurisprudencia relevante”, dijo Lisandro Amavet, el titular de la Defensoría del Pueblo de Paraná, al tiempo que advirtió advierte que varios artículos del proyecto podrían vulnerar derechos constitucionales, lo que generaría una ola de litigiosidad similar a la que ocurre a nivel nacional, donde la mayoría de los juicios contra el Estado son por cuestiones previsionales. Amavet, durante una entrevista con el programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1) enfatizó que la reforma debe superar un “test de constitucionalidad” para evitar demandas judiciales masivas, que implicarían costos significativos para la provincia y afectarían la estabilidad del sistema.
Críticas puntuales
Entre los cuestionamientos puntuales al proyecto, Amavet enumeró los siguientes:
* El proyecto propone calcular el haber jubilatorio sobre la base del promedio de los últimos 20 años de aportes. La Defensoría sostiene que esto implica una regresión de derechos, ya que reduce el monto del haber respecto al sistema actual. El Derecho Previsional, tanto en tratados internacionales como en la Constitución, exige progresividad y prohíbe la regresividad salvo justificación excepcional y equitativa.
* Se cuestiona la propuesta de elevar la edad de jubilación a 68 años, ya que ninguna otra provincia ni el sistema nacional supera los 65 años para varones y 60 para mujeres. Aumentar la edad afecta la dignidad de los jubilados, limitando el tiempo de disfrute de la jubilación en relación con la expectativa de vida.
* La equiparación de la edad jubilatoria entre varones y mujeres es considerada una “discriminación inversa”, ya que “no reconoce la carga desproporcionada de tareas de cuidado no remuneradas que asumen mayoritariamente las mujeres”.
* El proyecto otorga al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias en materia de movilidad y emergencia previsional, lo cual está prohibido por el artículo 45 de la Constitución provincial, que impide la delegación legislativa en estos términos.
Recomendaciones
Amavet, asimismo, advirtió que la aprobación del proyecto en sus términos actuales provocaría “una judicialización masiva, generando costos fiscales y vulnerando derechos”.
Recomendó que el Poder Legislativo “escuche a todas las partes, analice alternativas y busque el mayor consenso y sustento constitucional posible, dado que las reformas previsionales afectan a varias generaciones y deben perdurar en el tiempo”.
Alternativas
El funcionario sugirió explorar fuentes alternativas de financiamiento, como fondos anticíclicos y recursos provenientes de otros ingresos estatales, siguiendo ejemplos internacionales. La inversión en un sistema previsional digno es vista como una inversión social que garantiza calidad de vida a los adultos mayores, y no debe recaer exclusivamente en aumentar los aportes de los actuales contribuyentes.
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