Es un avance parcial, dijo Aixa Boeykens, la decana de Ciencias de la Educación, pero remarcó que el incremento debió haber sido del 53.1% para compensar la pérdida del poder adquisitivo por la inflación.
El actual conflicto universitario se origina en la desactualización salarial del personal docente y no docente, el atraso en los gastos de funcionamiento de las universidades y la insuficiencia de becas estudiantiles. Esta situación motivó la propuesta y aprobación de una Ley de Financiamiento Universitario, que contó con amplio apoyo social y legislativo, pero fue vetada en dos ocasiones por el Poder Ejecutivo y actualmente está judicializada en la
Tras más de dos años sin paritarias, se logró un acuerdo salarial que establece un aumento escalonado del 24,3%, distribuido en dos partes: una en junio (incluyendo el aguinaldo) y otra en octubre. También se anunció un incremento en los gastos de funcionamiento y en las becas Manuel Belgrano, aunque estas últimas benefician principalmente a carreras técnicas y científicas, no a las humanísticas o sociales. Además, habrá un aumento para hospitales universitarios, aunque no todas las universidades cuentan con estos establecimientos.
La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), durante una entrevista con el programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1), consideró a este acuerdo “insuficiente” dado que “no compensa la pérdida de poder adquisitivo” frente a la inflación. Para igualar el poder adquisitivo de noviembre de 2023, remarcó la decana, “el incremento debería ser del 53,1%, no del 24,3%”.
Por lo tanto, el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario “sigue vigente y se mantiene la exigencia ante la Corte Suprema de Justicia” para que se expida al respecto.
Impacto
El acuerdo alcanzado es valorado como “un avance parcial y un reconocimiento al reclamo sostenido por la comunidad universitaria, pero no resuelve el problema de fondo”, subrayó Boeykens
El atraso salarial afecta también a las obras sociales universitarias y a los jubilados del sector, dificultando la prestación de servicios y el bienestar de los trabajadores.
Desafíos para docentes y no docentes
Los paupérrimos salarios, recordó, ha llevado a que muchos docentes busquen otros empleos, soliciten licencias sin goce de sueldo o directamente renuncien, especialmente aquellos en cargos de menor jerarquía y con dedicación simple.
Esto “afecta la continuidad y calidad de la formación universitaria, ya que el desarrollo profesional docente requiere años de capacitación y experiencia progresiva”, enfatizó Boeykens, quien reconoció “el compromiso y la pasión” del personal universitario, pero enfatizó “la necesidad de soluciones estructurales y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar la sustentabilidad del sistema y el acceso plural a la educación superior”.
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