“Por la presente, vengo a formalizar mi renuncia al cargo de defensor particular del Sr. Sergio Daniel Urribarri en la totalidad de las causas en las que he asumido su asistencia”, dice el texto de la presentación de Burlando. “Habiendo desarrollado todas las diligencias encomendadas en relación con la defensa técnica del Sr. Sergio Daniel Urribarri, y encontrándose agotada mi intervención en esta instancia y en este fuero, presento mi renuncia a todas las causas en las que he sido designado defensor. En tal sentido, la asistencia legal del mencionado continuará con los distinguidos colegas con quienes oportunamente se asumió la co-defensa”.
En abril último había renunciado a la defensa de Urribarri el socio de Burlando, Javier Baños.
Burlando había asumido la defensa de Urribarri en el megajuicio y también en la megacausa de las coimas. La dimisión a su rol profesional lo formalizó ante la Justicia provincial, y por eso desde la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) distribuyeron una notificación: “Téngase presente la renuncia formulada por el Dr. Fernando Andrés Burlando al cargo de defensor técnico del imputado Sr. Sergio Daniel Urribarri. Tómese razón. Notifíquese”.
En el megajuicio la representación del exgobernador la continúa el abogado Leopoldo Cappa; en la megacausa de las coimas lo representa Miguel Cullen.
Burlando junto a su socio Javier Baños habían asumido la defensa de Urribarri en medio de un pedido del Ministerio Público Fiscal para que se hiciera efectiva aquella condena y el exgobernador fuera enviado a la cárcel.
El exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, pasaron la Nochebuena de 2024 encarcelados en la Unidad Penal de Paraná. Urribarri y Aguilera ingresaron el 19 de noviembre cuando la Cámara de Casación Penal revocó un fallo de septiembre del año pasado del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná y ordenó su detención con prisión preventiva hasta que la condena que se les aplicó en 2022 en el megajuicio adquiera firmeza. Fue a petición del Ministerio Público Fiscal. Báez ingresó el 22 de noviembre.
El encarcelamiento fue a partir de un planteo que había hecho en abril de 2024 el Ministerio Público Fiscal. El argumento para enviarlos a la cárcel fue el riesgo de fuga.
El encarcelamiento fue llevado a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) con una impugnación extraordinaria.
La impugnación extraordinaria presentada en 2024 debía ser resuelta por la Sala Penal del STJ. Pero los tres vocales que integraban ese tribunal no completaron la votación: sólo emitieron dictamen los jueces Germán Carlomagno y Miguel Giorgio, pero quedó pendiente para después de la feria, en febrero de 2025, el dictamen de la jueza Gisela Schumacher. Ante esa situación, las defensas de Urribarri y de Aguilera urgieron un pronunciamiento durante la feria. Y para eso hicieron una presentación el 2 de enero que fue acogida favorablemente por el titular del STJ, Leonardo Portela, que emitió resolución el domingo 5.
La votación se fijó en el siguiente orden: Germán Carlomagno, Miguel Giorgio y Leonardo Portela. Pero cuando debió votar, Giorgio pidió su excusación con el argumento de que ya había emitido pronunciamiento. Su posición fue rechazada por un tribunal que integraron Carlomagno, Portela y el juez de Garantías Pablo Zoff. Resuelto ese entuerto, el tribunal quedó conformado para emitir dictamen.
La feria sólo se abrió para tratar el recurso de Urribarri y de Aguilera, no el de Báez.
El 8 de enero de 2025, Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a la impugnación extraordinaria que habían presentados los abogados defensores del exgobernador Sergio Urribarri -Fernando Burlando, Javier Baños y Leopoldo Cappa- y de su cuñado Juan Pablo Aguilera -Marcos Rodríguez Allende y Miguel Cullen- y de ese modo revocó la resolución de la Cámara de Casación Penal, que el 19 de noviembre de 2024 dispuso el encarcelamiento de ambos en la Unidad Penal de Paraná con prisión preventiva.
La resolución fue en voto dividido. Por revocar el pronunciamiento de Casación votaron Germán Carlomagno y Leonardo Portela. En disidencia, Miguel Giorgio.
Ambos, Urribarri y Aguilera, recuperaron la libertad.
El 1º de febrero, al filo del fin de la feria, un tribunal conformado por los vocales Gisela Schumacher, Carlos Tepsich y Laura Mariana Soage acogió favorablemente el planteo de Báez, y le concedieron prisión domiciliaria.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
En abril de 2022, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, conformado por José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno, condenó al exgobernador y entonces embajador argentino Sergio Daniel Urribarri a ocho años de prisión, y a su cuñado Juan Pablo Aguilera, y al exministro de Comunicación y Cultura Báez, a penas de seis años.
El fallo había sido confirmado en todas las instancias en la Justicia entrerriana. Se demostró que los exfuncionarios direccionaron millonarias contrataciones de publicidad hacia la empresa de Aguilera, así como a las de Germán Buffa, Jorge Rodríguez y Gerardo Caruso.
“Como funcionarios públicos manejaron toda la tramitación entre ellos, para disponer de fondos públicos y usarlos a fines ajenos a la administración pública. Urribarri y Báez tenían conocimiento del carácter público de los dineros, de la ilicitud de la decisión que tomaron al sustraerlo y desviarlo hacia personas que se comportaron como sus socios comerciales. Disponiendo así de los fondos para beneficios propios y de terceros”, había manifestado la Cámara de Casación Penal al ratificar la sentencia, en 2023.
En abril del año pasado, el Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos de las defensas y confirmó el fallo, con votos a favor de esta medida de Miguel Ángel Giorgio y Gisela Schumacher, y con el voto en disidencia de Germán Carlomagno.
Sin embargo, a los condenados les quedaban aún un par de recursos. En ese entonces, habían montado un show mediático promovido por Urribarri con su nuevo abogado, Fernando Burlando, y su socio Javier Baños, con denuncias contra jueces, fiscales e incluso ANÁLISIS, el medio que ha investigado y denunciado la corrupción no solo urribarrista sino desde 1990 en Entre Ríos. Finalmente, los abogados de Buenos Aires se apartaron del caso.
Tras un largo derrotero de presentaciones, recusaciones y planteos varios, en octubre (hace un año) Schumacher y Carlomagno habilitaron a los condenados acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto minoritario de Giorgio. Esto implicaba que las condenas no quedaban firmes y los acusados continuarían en libertad. La cuestión era una supuesta incongruencia de argumentos entre los dos vocales que habían confirmado la sentencia.
Lo más curioso es que se había habilitado esta vía ante el máximo tribunal nacional a Báez, pese a que no lo había solicitado debido a un error de la defensa en la firma del escrito presentado por los abogados.
Paralelamente, seguía su trámite otro recurso, esta vez del Ministerio Público Fiscal, que reclamaba la prisión preventiva de Urribarri, Báez y Aguilera. El 19 de noviembre, la Cámara de Casación Penal de Paraná hizo lugar al pedido y los tres fueron enviados a la Unidad Penal 1 de Paraná, en lo que fue un hecho histórico. Se sucedieron una serie de recursos que llegaron a ser tratados durante la feria judicial de enero, lo que se transformó en la novela y el escándalo judicial del verano. Finalmente, un tribunal de feria resolvió liberar al exgobernador y a su cuñado, quienes no pueden salir de las ciudades de Concordia y Paraná, respectivamente. En febrero, también excarcelaron a Báez, quien se fue a su casa quinta de calle Jozami con prisión domiciliaria.
Cuando se pensaba que el tratamiento del recurso en la Corte iba a tardar varios años, con los condenados especulando llegar a los 70 para evitar la cárcel, este martes el expediente experimentó el primer movimiento: salió de la vocalía 3, de Horacio Rosatti.
Sin embargo, las expectativas a que el trámite sea veloz no son altas. Ahora deben expedirse los ministros Ricardo Lorenzetti (vocalía 1) y Carlos Rosenkrantz (vocalía 4). Pero tampoco serían años, como otros casos, ya que el expediente fue puesto rápidamente a despacho.
Si la Corte rechaza el recurso de los condenados, deberían volver a la cárcel. En este caso, el más beneficiado fue Báez, ya que en este tiempo viene computando pena en la importante propiedad.
Aunque los tres tienen todavía causas por afrontar en la Justicia más gruesas que la primera. Urribarri tiene la causa “Coimas”, que fue enviada a juicio, otra por enriquecimiento ilícito, igual que Báez, mientras que Aguilera está imputado en la causa de los contratos truchos legislativos, que también está en la discusión para ser enviada a juicio.
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