El secretario general de UPCN, José Alende, admitió que los pagos de los incrementos no generarán aportes ni a la Caja de Jubilaciones ni para la obra social, pero aun así defendió la negociación con el argumento de la crisis que sufre el país. “No es malo el arreglo”, remarcó.
El Gobierno provincial y los gremios estatales, finalmente llegaron a un acuerdo salarial que contempla una asignación fija, no remunerativa y no bonificable de 50.000 pesos mensuales, por un período de tres meses –a pagar con los haberes de julio, agosto y septiembre–, y de 25.000 pesos para los jubilados.
Desde el Ejecutivo señalaron que esta medida representa “aproximadamente un 6 por ciento de aumento inmediato en el salario de bolsillo para quienes perciben los salarios más bajos dentro de la pirámide salarial”.
En el programa En El Dos Mil También, que conducen Antonio Tardelli, Sebastián Martínez y Juan Cruz Varela por Radio Costa Paraná, a partir del acuerdo salarial, se planteó “la inconsistencia del discurso oficial, porque por estas horas ha circulado profusamente en las redes, esa declaración de )el gobernador Rogelio) Frigerio diciendo ‘nunca más se paga en negro en la provincia de Entre Ríos’. Un aumento no remunerativo y no bonificable es pagar en negro, y, además, dice la Constitución de Entre Ríos, que “el salario mínimo para los obreros del Estado, el que se fijará conforme el costo de vida, no será inferior al vital y móvil, todo incremento salarial otorgado a partir de la presente Constitución, deberá estar sujeto a aportes y contribuciones”. El aumento, en consecuencia, es inconstitucional.
El secretario general de UPCN y ex convencional constituyente, José Ángel Allende, en este sentido, coincidió con este análisis y admitió que “el tema es que no es remunerativo, los aportes no remunerativos son en negro, y quien discuta esto está negando la realidad, eso es así”.
El gremialista, sin embargo, enmarcó esta situación “en la Argentina de Milei en la que vivimos” y recordó que “todos los gobiernos, en épocas no de crisis como la de ahora, han dado pagos así en negro y siempre han estado en estado mal, y no es correcto ahora tampoco”.
Ahora bien, “nosotros no sólo lo aceptamos (al aumento) sino que decimos que somos del gremio que pidió el no pagar el 1,6% para todo el mundo y cerrar paritaria, que es como tienen los docentes, el índice inflacionario y cierre de paritaria”.
– Perdone, pensé que lo que podía llegar a pasar era 1,6% más un bono para las categorías más desfavorecidas.
– Yo le pregunto, ¿ese bono pasa a ser constitucional?
– No, tiene razón, me agarró.
– O lo aceptamos en la crisis o no lo aceptamos, esa es la otra discusión. En el inicio de esta discusión nosotros no queríamos esto, ojalá hubiera sido el 3% o el 5%, pero estamos en esta Argentina, estamos con la plata que tenemos y en la crisis que tenemos, donde el Presidente se jacta de haber secado la plaza y hoy haber autorizado a bancos a pagar hasta el 80% de interés.
Pero, además, hay otro mal de la cifra en negro, o la cifra fija, que es achatamiento.
– Ustedes –el sector público y los sindicatos– se quejan, generalmente, de los pagos en negro por dos razones: los aportes no van a la Caja de Jubilaciones ni al (ex) Iosper. Y UPCN va a ser la representación del sector público en la OSER, así que ustedes están escupiendo para arriba, y, lo segundo, el achatamiento de la escala, que es pan para hoy y hambre para mañana.
– Pero eso es por la situación de crisis. Hoy esto es lo que conseguimos, y, seguro, después vamos a pedir el blanqueo de estas cifras, para que sean remunerativas y no se achique el sueldo. Son las peleas que hay que dar en esta crisis, no podemos todo junto.
El 1,6% era la muerte de los de menores ingresos, era un kilo de carne por empleado público. Eso no lo podíamos aceptar porque hablar del 1,6 en un salario de 800.000 pesos son poco más de 10.000 de aumento, menos los descuentos.
– Pero es acompañar la inflación.
– Sí, pero era inaceptable, nosotros no estábamos de acuerdo con eso. Entonces, en esta crisis, elegimos redistribuir el dinero en forma diferencial. Hay que recordar que el Gobierno primero ofreció 35.000 pesos para los activos y nada para los jubilados.
No alcanza, pero es lo que pudimos discutir.
– ¿Usted cree que el argumento de la crisis salva la cuestión de la constitucionalidad o no?
– No, no soy juez para poder determinar esto. Y si algún estatal reclama la inconstitucionalidad, yole preguntaría por qué no lo hizo antes, que cobraba mucho mejor y le pagaban igual.
“No es malo el arreglo”
Allende, además, admitió que “la gente está mal, está preocupada, pero hay una realidad que marca que otras provincias, en lo que va de la era Milei, han perdido el 50% de la inflación en su salario. Otras han perdido el 30, el 35, y otras han tenido miles de despidos, y nosotros no hemos tenido despidos, que también es parte de la negociación. También son parte los contratos de obra, de los que nadie decía nada, que el algo peor que el pago en negro, y ahora pasaron todos a un contrato transitorio.
Reconoció que “esto es como el cangrejo, dos pasos para adelante y uno para atrás. Hoy dimos un paso para atrás en lo que es el sistema de pago, pero con esperanza. Por eso lo hicimos por tres meses únicamente, después nos sentamos y discutimos de nuevo. Y los sectores de menores ingresos adelantaron el índice inflacionario de tres meses. No es malo el arreglo. Aunque es cierto y es real, y lo reconocemos, no tiene aportes.
La OSER
Con relación a la Obras Social de Entre Ríos (OSER), Allende opinó que los problemas se mantienen, pero se mostró confiado en poder trabajar para superarlos.
Flavia Maidana, que será ñs representante de UPCN en el directorio de la OSER, “ya tiene un proyecto de ley para generar mayores recursos para el alto costo, para las grandes complicaciones, no para el uso diario”, y, además, “tenemos dos o tres alternativas diferentes que nos parecen sumamente importantes para poder ir modificando esta realidad siempre y cuando logrenos que realmente nuestra representatividad tenga una injerencia en lo que es el recurso humano de la obra social y las delegaciones”.
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