Fue por orden de Arroyo Salgado. Investigan ventas a México hechas por un empresario uruguayo.
Por una disposición de la Procelac y una investigación de la jueza Arroyo Salgado, la Justicia allanó la sede de la AFA y las de Independiente, Racing, Gimnasia y Esgrima La Plata y Unión de Santa Fe. Investigan si hubo delitos de evasión fiscal y posible lavado de dinero en transferencias de jugadores.
Mientras se terminan de pulir los detalles para la vuelta del público a los estadios, el fútbol hace ruido fuera de los márgenes de la tribuna. Una serie de allanamientos que tuvo como epicentro la AFA mostraron la peor cara de la pelota. Por una orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) irrumpieron en la sede de la calle Viamonte para requerir información en el marco de una causa que investiga lavado de dinero y evasión en la transferencia de jugadores a México. También hubo operativos en Racing, Independiente, Gimnasia y Esgrima La Plata y Unión de Santa Fe.
Según pudo averiguar Clarín, Arroyo Salgado ordenó los allanamientos producto de una investigación que data de 2019. Se pidieron los contratos de ocho jugadores que en los últimos años fueron transferidos a la Liga MX, dos al Monterrey y el resto al Toluca. Se trata de Maximiliano Meza y Nicolás Sánchez, quienes fueron incorporados por los Rayados, y Enrique Triverio, Pablo Barrientos, Jesús Méndez, Federico Mancuello, Jonatan Maidana y Emmanuel Gigliotti, de los Diablos Rojos.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que depende del Ministerio Público Fiscal, está detrás de la pista de Uriel Pérez Jaurena, nacido en Montevideo hace 45 años. El ex delantero de Belgrano, San Martín de San Juan, Almagro, Platense y Chicago, de dilatada trayectoria en el exterior, se retiró en 2009 y se dedicó a la representación de futbolistas.
El uruguayo es uno de los empresarios más poderosos en México, junto a Christian Bragarnik aunque no son socios en los negocios. Pérez tiene acceso a los Rayados, Toluca y San Luis. Actualmente, es dueño de la empresa “De 9 Fútbol”, una agencia de representación de jugadores entre los que están Enzo Fernández, recientemente transferido a River, Domingo Blanco, de Independiente, y Gabriel Avalos, atacante de Argentinos Juniors y la Selección de Paraguay, entre otros.
En total fueron ocho allanamientos ordenados por la jueza y el fiscal Fernando Domínguez en una causa iniciada en 2019. En la AFA, el operativo se concentró en el departamento de transferencias, donde está radicada la información correspondiente a todas las operaciones que están bajo la lupa de los investigadores.
La AFA emitió un comunicado, que dispensó a través de su redes sociales, en el que indicó que Arroyo Salgado “en el marco de la causa FSM 6138/2020, caratulada “NN s/ infraccion ley 24769 y art 303 del CP denunciante Procelac” pidió el secuestro de los contratos de los ocho futbolistas y el “registro de representantes de dichos deportistas; constancias de los depósitos efectuados en los términos del 214 del reglamento general de AFA; registro de transferencias al exterior de dichos jugadores durante los años 2014/19, donde se indique el valor de cada operación; todo registro documental que acredite que Uriel Pérez Jaurena ejerza la propiedad de derechos económicos de jugadores de fútbol y toda otra documentación que resulte de interés para esclarecer las maniobras denunciadas”.
No es la primera vez que la AFA es allanada. En mayo, por orden del fiscal Eduardo Taiano, que encabeza otra investigación por supuesto lavado de dinero, se requirió información a raíz de la denuncia de la diputada Graciela Ocaña, quien acusó al presidente Claudio Tapia de “posibles irregularidades en la gestión vinculada a la firma de contratos”.
Uno de los acuerdos puestos que despertó las sospechas de la legisladora es un contrato de 2018 que transfiere los derechos digitales de la AFA a Metro World Digital, vinculada a Carlos Varela, titular de Transur, una empresa dedicada a la recolección de residuos. Tapia, ex yerno de Hugo Moyano, es vicepresidente de la CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado).
En la AFA se mostraron dispuestos a colaborar, pero Tapia no está tranquilo. Hay una denuncia por irregularidades de la Asamblea virtual que lo consagró como presidente por el período 2021-2025 en poder de la Inspección General de Justicia (IGJ). El poder político decidirá si se ejecuta esa carta. Por ahora, Chiqui resiste. El Gobierno, claro, está ocupado en un tema que lo inquieta mucho más que la interna del fútbol: revertir la paliza electoral que sufrió en las PASO.
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