Promedian los $ 350 mil en el caso de ex presidentes y $ 225 mil en el de integrantes del Poder Judicial. Benefician a unos pocos miles de personas que cuestan a todos los argentinos más de $ 15.000 millones anuales.
Las asignaciones vitalicias o jubilaciones de privilegio que el Gobierno pretende derogar promedian los $ 350 mil en el caso de ex presidentes y $ 225 mil en el de integrantes del Poder Judicial, según datos oficiales.
Estos haberes benefician a unos pocos miles de personas que le cuestan a todos los argentinos más de $ 15.000 millones anuales, mientras se hacen malabares para reducir el déficit fiscal.
La jubilación de un ex presidente en la Argentina es 25 veces superior -casi 2.400% más- que el haber mínimo, de $14.067.
A estos desfasajes, que generaron polémica durante el debate de la emergencia económica, se sumó la decisión del Congreso de dejar fuera del proyecto de ajuste de haberes a beneficiarios del régimen especial jubilatorio, en el que se incluye a ex mandatarios, diplomáticos y jueces nacionales.
Uno de los casos más excepcionales, que fue motivo de ironías entre algunos legisladores durante el debate de la ley de emergencia, es el del ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, que gobernó 8 días la Argentina y cobra $ 347.000 mensuales de pensión vitalicia desde hace 18 años.
Es decir que en todo este tiempo, actualizado a valores de hoy, el Estado argentino le pagó 82 millones de pesos al mandatario que declaró el default más grande de la historia, se quejaron legisladores de Juntos por el Cambio en los corrillos del Congreso.
En cambio, Ramón Puerta y Eduardo Camaño, que estuvieron unas pocas horas al frente del Ejecutivo durante esa misma crisis de diciembre de 2001, renunciaron a percibir las jubilaciones de privilegio que técnicamente les hubiese correspondido.
La ley 24018 votada en 1991 y actualizada en noviembre de 2002 -que finalmente no se modificó- incluye las asignaciones mensuales vitalicias para el Presidente, Vicepresidente de la Nación y Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
También Regímenes para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y diplomáticos.
Todas esas jubilaciones, que representan más de 1.000 millones de pesos mensuales, se seguirán ajustando por la movilidad.
En este marco, el presidente Alberto Fernández decidió ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso para tratar un proyecto de ley que "termine con las jubilaciones de privilegio".
"Para poder salir de la emergencia económica y social en la que estamos, vamos a trabajar para construir una sociedad que iguale las oportunidades de todas y todos", indicó el mandatario al defender el intento de terminar de una vez con estos privilegios.
Un ex juez de la Corte Suprema percibe en la actualidad una jubilación que supera los $ 340.000.
Mientras que los haberes de quienes trabajaron y aportaron desde el Poder Judicial alcanzan un promedio de $224.734 mensuales.
El personal que se desempeña en el servicio exterior tiene garantizada una jubilación equivalente al 85% del salario de acuerdo al puesto de mayor rango que ocuparon durante su vida activa.
Alcanzará a los jueces y a los embajadores. Aquellos que perciban un haber superior a los $100 mil estarán sometidos a un aporte adicional del 7%. El Presidente ya tiene el DNU a la firma. Lograría recaudar 2.700 millones de pesos extra.
Alberto Fernández convocará esta tarde a la comisión encargada de definir un nuevo régimen de movilidad previsional y además firmará un DNU para congelar las jubilaciones de privilegio a jueces y embajadores. El Poder Ejecutivo Nacional también establecería una contribución del 21%, además de un aporte extraordinario de 7 puntos extra a los magistrados del Poder Judicial y embajadores que cobren un haber jubilatorio superior a $100.000. Con esa imposición lograría recaudar, según cálculos oficiales, unos 2.700 millones de pesos extra, publica el diario Ámbito Financiero.
La nueva movilidad jubilatoria, que definirá por decreto el Ejecutivo durante 180 días, así como el nuevo esquema de contribuciones para regímenes especiales -jubilaciones de privilegio- para jueces y embajadores se comenzaría a aplicar a partir de hoy una vez que Alberto Fernández firme el decreto de necesidad y urgencia que terminan de redactar en la Secretaría de Legal y Técnica a cargo de Vilma Ibarra.
El aporte "solidario" que el Ejecutivo fijará por decreto sobre las jubilaciones de privilegio de jueces y embajadores tendría una imposición del 21% de esos haberes especiales, y un aporte "extraordinario" adicional del 7% más cuando superen los $100 mil.
A través del decreto 56, el Presidente prorrogó este fin de semana la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 29 de febrero e incluyó allí el proyecto de ley para modificar la Ley 18.464 de jubilaciones y retiros para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, además de otra para introducir cambios a la Ley 22.731 que establece el régimen jubilatorio específico para el personal del servicio exterior de la Nación. "Queremos recomponer las jubilaciones con un criterio de igualdad", sostuvo el jefe de Estado al defender los cambios previsionales previstos en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Senado convirtió en ley el viernes pasado.
El primer paso para hacer operativos esos cambios en las jubilaciones de privilegio de jueces y embajadores será la convocatoria a la comisión prevista en el artículo 56 de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Ese apartado dispone que "El Poder Ejecutivo Nacional convocará a una comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación competentes en la materia para que en el plazo de 180 días, revise la sustentabilidad económica, financiera y actuarial, y proponga al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales."
Ante a las críticas de la oposición por suspender la movilidad jubilatoria por al menos seis meses, Fernández había adelantado que durante los próximos 180 días se fijará "el modo de actualización". "Estableceremos incrementos trimestrales, preservando que no se sigan deteriorando los ingresos de nuestros adultos mayores", adelantó.
"Ya hemos ido en auxilio de los que perciben la jubilación mínima, ofreciendo un ingreso adicional de 10.000 pesos totales que percibirán en dos cuotas en diciembre y en enero", aseguró luego de que la Cámara de Diputados de la Nación modificara el proyecto de suspensión de la ley de movilidad jubilatoria, pero excluyera a los exfuncionarios de alto rango del Estado nacional.
Las asignaciones vitalicias o jubilaciones de privilegio que el Gobierno pretende derogar promedian los $ 350 mil en el caso de ex presidentes y $ 225 mil en el de integrantes del Poder Judicial, según datos oficiales.
Estos haberes benefician a unos pocos miles de personas que le cuestan a todos los argentinos más de $ 15.000 millones anuales, mientras se hacen malabares para reducir el déficit fiscal.
La jubilación de un ex presidente en la Argentina es 25 veces superior -casi 2.400% más- que el haber mínimo, de $14.067.
A estos desfasajes, que generaron polémica durante el debate de la emergencia económica, se sumó la decisión del Congreso de dejar fuera del proyecto de ajuste de haberes a beneficiarios del régimen especial jubilatorio, en el que se incluye a ex mandatarios, diplomáticos y jueces nacionales.
Uno de los casos más excepcionales, que fue motivo de ironías entre algunos legisladores durante el debate de la ley de emergencia, es el del ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, que gobernó 8 días la Argentina y cobra $ 347.000 mensuales de pensión vitalicia desde hace 18 años.
Es decir que en todo este tiempo, actualizado a valores de hoy, el Estado argentino le pagó 82 millones de pesos al mandatario que declaró el default más grande de la historia, se quejaron legisladores de Juntos por el Cambio en los corrillos del Congreso.
En cambio, Ramón Puerta y Eduardo Camaño, que estuvieron unas pocas horas al frente del Ejecutivo durante esa misma crisis de diciembre de 2001, renunciaron a percibir las jubilaciones de privilegio que técnicamente les hubiese correspondido.
La ley 24018 votada en 1991 y actualizada en noviembre de 2002 -que finalmente no se modificó- incluye las asignaciones mensuales vitalicias para el Presidente, Vicepresidente de la Nación y Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
También Regímenes para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y diplomáticos.
Todas esas jubilaciones, que representan más de 1.000 millones de pesos mensuales, se seguirán ajustando por la movilidad.
En este marco, el presidente Alberto Fernández decidió ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso para tratar un proyecto de ley que "termine con las jubilaciones de privilegio".
"Para poder salir de la emergencia económica y social en la que estamos, vamos a trabajar para construir una sociedad que iguale las oportunidades de todas y todos", indicó el mandatario al defender el intento de terminar de una vez con estos privilegios.
Un ex juez de la Corte Suprema percibe en la actualidad una jubilación que supera los $ 340.000.
Mientras que los haberes de quienes trabajaron y aportaron desde el Poder Judicial alcanzan un promedio de $224.734 mensuales.
El personal que se desempeña en el servicio exterior tiene garantizada una jubilación equivalente al 85% del salario de acuerdo al puesto de mayor rango que ocuparon durante su vida activa.
INFORMACIÓN RELACIONADA
El Gobierno fijaría una "contribución" de 21% para jubilaciones de privilegio
Alcanzará a los jueces y a los embajadores. Aquellos que perciban un haber superior a los $100 mil estarán sometidos a un aporte adicional del 7%. El Presidente ya tiene el DNU a la firma. Lograría recaudar 2.700 millones de pesos extra.
Alberto Fernández convocará esta tarde a la comisión encargada de definir un nuevo régimen de movilidad previsional y además firmará un DNU para congelar las jubilaciones de privilegio a jueces y embajadores. El Poder Ejecutivo Nacional también establecería una contribución del 21%, además de un aporte extraordinario de 7 puntos extra a los magistrados del Poder Judicial y embajadores que cobren un haber jubilatorio superior a $100.000. Con esa imposición lograría recaudar, según cálculos oficiales, unos 2.700 millones de pesos extra, publica el diario Ámbito Financiero.
La nueva movilidad jubilatoria, que definirá por decreto el Ejecutivo durante 180 días, así como el nuevo esquema de contribuciones para regímenes especiales -jubilaciones de privilegio- para jueces y embajadores se comenzaría a aplicar a partir de hoy una vez que Alberto Fernández firme el decreto de necesidad y urgencia que terminan de redactar en la Secretaría de Legal y Técnica a cargo de Vilma Ibarra.
El aporte "solidario" que el Ejecutivo fijará por decreto sobre las jubilaciones de privilegio de jueces y embajadores tendría una imposición del 21% de esos haberes especiales, y un aporte "extraordinario" adicional del 7% más cuando superen los $100 mil.
A través del decreto 56, el Presidente prorrogó este fin de semana la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 29 de febrero e incluyó allí el proyecto de ley para modificar la Ley 18.464 de jubilaciones y retiros para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, además de otra para introducir cambios a la Ley 22.731 que establece el régimen jubilatorio específico para el personal del servicio exterior de la Nación. "Queremos recomponer las jubilaciones con un criterio de igualdad", sostuvo el jefe de Estado al defender los cambios previsionales previstos en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Senado convirtió en ley el viernes pasado.
El primer paso para hacer operativos esos cambios en las jubilaciones de privilegio de jueces y embajadores será la convocatoria a la comisión prevista en el artículo 56 de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Ese apartado dispone que "El Poder Ejecutivo Nacional convocará a una comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación competentes en la materia para que en el plazo de 180 días, revise la sustentabilidad económica, financiera y actuarial, y proponga al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales."
Ante a las críticas de la oposición por suspender la movilidad jubilatoria por al menos seis meses, Fernández había adelantado que durante los próximos 180 días se fijará "el modo de actualización". "Estableceremos incrementos trimestrales, preservando que no se sigan deteriorando los ingresos de nuestros adultos mayores", adelantó.
"Ya hemos ido en auxilio de los que perciben la jubilación mínima, ofreciendo un ingreso adicional de 10.000 pesos totales que percibirán en dos cuotas en diciembre y en enero", aseguró luego de que la Cámara de Diputados de la Nación modificara el proyecto de suspensión de la ley de movilidad jubilatoria, pero excluyera a los exfuncionarios de alto rango del Estado nacional.
Comentarios
Publicar un comentario