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El proyecto contempla la suba de Bienes Personales y aportes patronales, congela tarifas por seis meses, suspende la actualización de haberes previsionales por inflación y extiende el tributo del 30% a la compra de divisas para ahorro.
- LA NACION
- Francisco Jueguen
El gobierno de Alberto Fernández envió ayer un paquete de medidas económicas al Congreso, que contempla un impuesto del 30% a la compra de dólares para ahorro y los gastos con tarjetas en divisas, cambios en el ajuste de las jubilaciones, un aumento del impuesto a los bienes personales, el congelamiento de tarifas por seis meses y la posibilidad de una nueva suba de las retenciones a las exportaciones.
El proyecto de ley fue presentado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una conferencia de prensa en la que aseguró que el desdoblamiento del mercado cambiario no impactará en la inflación, pese a la nueva suba del dólar blue ayer. Además, evitó dar un número sobre el resultado fiscal de las medidas.
Por otro lado, Fernández desistió del consenso fiscal que el expresidente Mauricio Macri había firmado con los gobernadores provinciales. Esa decisión abrió la puerta a nuevas subas de impuestos provinciales, como Ingresos Brutos, el gravamen más cuestionado por las empresas privadas, y Sellos.
El proyecto, llamado de “solidaridad social y reactivación productiva”, seguirá hoy su avance en la Cámara de Diputados. Allí estarán varios ministros para defender la iniciativa en su tratamiento en comisión. La intención del bloque oficialista es votarlo el jueves en la Cámara de Diputados y el viernes en el Senado, según confiaron referentes peronistas.
Entre las medidas más polémicas, está la decisión de suspender por seis meses el ajuste de las jubilaciones, dar un bono de $5000 en diciembre y en enero a los haberes mínimos e ir ajustando por decreto las demás jubilaciones en forma trimestral, lo que podría derivar en la licuación de los ingresos de los segmentos más altos. La alícuota de Bienes Personales volverá a los niveles de 2015, aumentarán los aportes patronales y se eliminará el impuesto a la renta financiera sobre las inversiones en pesos.
El Gobierno presentó ayer el paquete de medidas confeccionado por el Ministerio de Economía, en el que anunció que será un 30% más caro acceder al dólar para ahorro y para las compras con tarjetas en esa divisa, ratificó que se congelarán las tarifas de los servicios públicos por seis meses, que impulsa un impuesto adicional a los bienes de los argentinos en el exterior, que podrían subir aún más las retenciones al sector agropecuario y que suspenderán por 180 días la actualización de los haberes jubilatorios por inflación.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, no aclaró cuál será el resultado fiscal de las medidas que impulsará a través de la presentación, ayer, en el Congreso del proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva. El ministro, que apareció en soledad en el anuncio de sus iniciativas, dijo que el aumento del dólar para atesoramiento y para las compras en divisas con tarjeta, por efecto del nuevo impuesto, no produciría un alza de la inflación, a pesar de que anteayer la divisa subió más de 8% en el mercado informal. El dólar comercial –para exportar e importar– será el único que seguirá con la cotización oficial.
Con su equipo en primera fila, el ministro desarrolló su exposición con los cuatro bloques incluidos en el paquete de medidas: jubilaciones, impuestos, tarifas y deuda.
En cuanto a las jubilaciones, afirmó que la actual fórmula generó un “fenomenal descalabro” y estimó que la situación de los jubilados “es grave”. Indicó luego que el Gobierno se tomará 180 días para cambiar la forma de cálculo y que mientras tanto habrá alzas trimestrales para sectores de más bajos ingresos, decididas por el Poder Ejecutivo. “Tiene que ser consistente y razonable”, advirtió el ministro, que adelantó que se darán bonos de $5000 por única vez en diciembre y en enero para los haberes mínimos “respetando las escalas”, lo que implicará que podría haber otros aumentos proporcionales para otras jubilaciones levemente más altas.
Guzmán admitió que la actual fórmula “imposibilita la desinflación”, lo que pareció deslizar que algún segmento de la pirámide jubilatoria sufrirá una licuación de sus ingresos en los próximos meses y, por lo tanto, se tenderá hacia un achatamiento de ella. “Aseguraremos que eso no pase con los de menores recursos”, adelantó. En el pasado, esta estrategia derivó en un incremento de la judicialización.
“No podemos permitir que el déficit crezca. No tenemos financiamiento. No somos imprudentes”, dijo Guzmán, al explicar que no habrá emisión monetaria alocada, algo que ya había dicho para presentar su nueva política de ingresos y de nuevos impuestos.
En ese camino, el ministro señaló que Bienes Personales volverá a las alícuotas de 2015 (eran entre 0,5% y 1,25%). Sin embargo, se mantendrá el mínimo no imponible –sin actualizar por inflación– en $2 millones. Guzmán señaló que se gravarán los capitales y activos financieros que los argentinos tengan en el exterior con una alícuota que podría duplicarse. Será un incentivo, estimó, para quienes traigan esos activos al país.
“Hay que desalentar el ahorro en dólares”, dijo, en un contexto de más de 50% de inflación para fin de año. No reveló si el Banco Central mantendrá tasas de interés positivas. Fue entonces cuando adelantó que el proyecto que envió al Congreso suma un impuesto de 30% a la compra de divisas para atesorar. El 70% de ese gravamen financiará la seguridad social, mientras que el 30% restante irá a obras de infraestructura y viviendas. El ministro ratificó, como lo hizo en su primera conferencia, que no se modificará el cepo cambiario, que autoriza la compra de solo US$200 por mes a cada persona a través del home banking.
Luego precisó que estarán desgravados del novedoso “impuesto para una argentina inclusiva y solidaria (PAIS)” la adquisición de medicamentos, prestaciones relacionadas con salud y libros, y utilización de plataformas educativas. Tampoco estarán incluidos los gastos asociados a proyectos de investigación. El Poder Ejecutivo estará facultado, según se detalló, para aplicar alícuotas inferiores al 30% en servicios digitales, entre otros.
En Economía ratificaron además que se eliminará el impuesto a la renta financiera para todos los plazos fijos y títulos públicos en pesos (seguirá para ganancias de compraventa de inmuebles y activos financieros en dólares). Además, que el impuesto al cheque alcanzará a las extracciones de efectivo. Esta iniciativa no se aplicará a las cuentas cuyos titulares sean personas humanas o personas jurídicas que revistan y acrediten la condición de microempresas y pymes. La renta empresaria, que debería bajar a un 25% en 2020, quedará finalmente en 30%, indicaron cerca del ministro.
Las retenciones
“Reconozco la importancia del sector agropecuario. Pero necesitamos una economía estable”, dijo Guzmán, al justificar el aumento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Indicó entonces algo que Fernández ya había adelantado anteanoche en una entrevista televisiva. Se buscará aumentar por ley los topes que tienen actualmente las retenciones del complejo oleaginoso. Así, los porotos de soja pasarían de un tope de 30% a uno de 33%, y el maíz y el trigo, de 12% a 15%. Se limitarán los derechos de exportación al sector agroindustrial de economías regionales y a la industria en general al 5%.
La tasa de estadística, que pagan las importaciones y ya había subido a 2,5% en la gestión de Cambiemos, aumentará a 3%.
En el Ministerio de Economía informaron además que se modificará el actual esquema de impuestos internos que abarcan, entre otros, a productos como tabaco, bebidas alcohólicas, servicios de telefonía, objetos suntuarios, automóviles, motociclos, embarcaciones de recreo y aeronaves. Se reemplazará solo el sistema de alícuota única (20%) para autos, motos, embarcaciones y aeronaves por un sistema de escalas a actualizar trimestralmente por
el índice de precios mayoristas. Los autos estarán eximidos hasta $1,3 millones. Tendrán una alícuota de 20% hasta los $2,4 millones, y de 35% por encima de ese valor.
Guzmán anunció que habrá un plan para regularización de deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social para pymes y entidades civiles sin fines de lucro, las que podrán acogerse con obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019. El plan estará abierto hasta el 30 de abril, indicaron. Se detalló que habrá un esquema de condonación de intereses, multas y otras sanciones.
También habrá un esquema de devolución del IVA a compras de sectores vulnerables, que reemplazará el actual sistema de eliminación del impuesto a la canasta básica aplicado por Cambiemos. La AFIP, que ya conduce Mercedes Marcó del Pont, fue instada a crear un régimen de reintegros para personas humanas y pequeños contribuyentes, detallaron. Además, el Gobierno frenará la baja de contribuciones patronales sobre la nómina salarial establecida en la reforma tributaria de Nicolás Dujovne, cuyo mínimo no imponible sería hoy de $17.407. Ese mínimo quedará en $7003,68. Habrá sí una mejora para pymes de menos de 25 empleados (podrán detraer un monto adicional de $10.000), y el Poder Ejecutivo buscará eximir, de forma temporal, del pago de aportes y contribuciones los aumentos de salarios.
No se suspende el ajuste por inflación en los balances de las empresas, aunque se aumentan a seis los períodos en los cuales puede ingresarse la diferencia. Guzmán se metió así en otro aspecto de la reforma de 2017, que implicaba que corresponde un ajuste por precios a los fines del impuesto a las ganancias cuando se acumule 100% de variación en el IPC en 36 meses anteriores a cada ejercicio.
En 2018 se modificó la fórmula y se afirmó que corresponde si la inflación era superior a 55% en el primer año, 30% en el segundo y 15% en el tercero (el primer año es el finalizado a fines de 2018). “Esto implicaba que para empresas que terminan su ejercicio en diciembre, al tener una inflación superior al 85% en los últimos dos años, corresponderá que utilicen el balance constante para liquidar e impuesto a las ganancias de 2019”, precisaron en Economía. La misma reglamentación considera que la diferencia entre el impuesto a pagar con o sin ajuste por inflación deberá ingresarse en un 33% en tres años.
Las tarifas y la deuda
Sobre las tarifas de los servicios públicos, Guzmán indicó que se tomarán seis meses para debatir un nuevo marco general e integral. En ese período no habrá subas. “La inversión en energía es fundamental”, dijo. Justificó la postergación del congelamiento por la necesidad de “flexibilidad”. Por otro lado, el oficialismo confirmó la intervención de los entes reguladores del sector. Nada dijo Guzmán sobre el precio de los combustibles.
Acerca de la negociación de la deuda pública con acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el proyecto busca facultar al Poder Ejecutivo (PE) para lograr “recuperar la sustentabilidad de la deuda pública”. No hubo más detalles al respecto, salvo que el Poder Ejecutivo remitirá un informe con los resultados alcanzados al Congreso. Guzmán dijo que serán necesarios “la conversación”, “la buena fe”, “la capacidad de pagar” y “el crecimiento” de la economía. Todo esto deberá estar integrado a un “plan consistente” basado en resultados fiscales y comerciales o el PBI y la inflación proyectados para el año que viene, metas que el ministro decidió, por ahora, guardarse para sí mismo.
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