Una jueza intimó otra vez al Gobierno para que defina si le pagará una pensión a Boudou

Jubilado de privilegio  
La jueza Rojas hizo lugar a un amparo del ex ministro de Economía para que la ANSES le conteste.
Es en el marco de una acción de amparo, solicitada por los abogados del ex Vicepresidente Amado Boudou, a raíz de que al día de hoy, sigue sin poder cobrar el beneficio de la asignación vitalicia, tal cual lo contempla la ley 24.018.



La jueza federal de la seguridad social Ana María Rojas ordenó a la ANSES que resuelva la demanda presentada por Amado Boudou, quien viene reclamando su asignación mensual vitalicia por haber ocupado la Vicepresidencia de la Nación.
Es en el marco de una acción de amparo solicitada por los abogados del ex Vicepresidente a raíz de que al día de hoy sigue sin poder cobrar el beneficio de la asignación vitalicia, tal cual lo contempla la ley 24.018.
En su fallo, y luego de varias presentaciones hechas por los abogados de Boudou, la jueza intimó al organismo a que se tome una decisión dentro del plazo de 20 días, bajo apercibimiento de notificar al Poder Ejecutivo Nacional para que se apliquen sanciones y se dé intervención a la justicia penal.
El 8 de mayo pasado la ANSES había solicitado un plazo de 10 días para contestar y, una vez vencido, volvió a excusarse al señalar que estaba "esperando una respuesta" del área técnica del organismo.
Los abogados de Boudou nuevamente reclamaron ante la jueza Rojas y, en su fallo, la magistrada explicó que "uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que tratándose de actuaciones administrativas, éstas se cumplan sin dilaciones injustificadas".
"En atención a la fecha de presentación del reclamo administrativo, quedó demostrado que transcurrió un plazo que excede de lo razonable para que la autoridad administrativa dicte el acto correspondiente" puesto que está "en mora con lo dispuesto por la normativa aplicable", indicó.
Además, advirtió la jueza que "en el supuesto que esta orden fuese desoída", se debe dar intervención a la justicia penal ante una eventual desobediencia por parte del organismo.

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