Los comerciantes de Colón fueron a la justicia por el tarifazo eléctrico

El objeto de la presentación judicial es lograr la “inconstitucionalidad, ilegitimidad e inaplicabilidad de la Resolución N° 1091-E/2017", acusando al gobierno nacional de una medida "en forma monopólica".


El Centro Comercial e Industrial y de la Producción de Colón efectuó una acción de inconstitucionalidad, en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, contra el Estado nacional por la suba de tarifas.

El escrito presentado por el abogado patrocinante de los comerciantes colonenses, Gustavo Velzi, solicita la aplicación de una cautelar de “no innovar” hasta que se resuelva la situación de fondo.

La medida, que apunta contra el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio y la Secretaría de Energía de la Nación, cita también como partes “en calidad de terceros” a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) por su participación en la formación del precio final de la energía.

Entre los argumentos técnicos, se destaca que si bien es facultad del Ejecutivo nacional fijar el cuadro tarifario, el planteo de los comerciantes remarca que debe hacerse con base en el "criterio de gradualidad, expresión concreta del principio de razonabilidad", afirman.

“Al igual que los usuarios y consumidores de todo el país, los consumidores comerciantes, industriales y de la Producción del Dpto. Colón, Provincia De Entre Ríos, se vieron profundamente conmovidos en sus economías particulares por los imprevistos, exagerados y confiscatorios aumentos en los costos de la energía eléctrica, propiciada por las normas puestas en crisis, en relación a lo previsible que venían abonando conforme al cuadro vigente al 30/10/2.017”, sostienen los comerciantes colonenses.
Eje del reclamo
Con las planillas de firmas acompañadas de más de 200 consumidores comerciantes, industriales y de la Producción del Dpto. Colón que acompañan el escrito judicial, con sus respectivas facturas de luz de los últimos tres meses anteriores a la presentación, se acredita que los “irrazonables incrementos experimentados por ellos fueron del orden del 50% al 200%, en relación al consumo que venían experimentando conforme al cuadro tarifario vigente anterior al 30/10/2.017”, afirman los comerciantes.

Acto seguido, y luego de un análisis de la formación del precio por Kw. en el mercado mayorista, los comerciantes se refieren a la situación de Entre Ríos indicando: “El secretario de Energía, Jorge González, aclaró que el componente impositivo de las facturas de luz no ha variado, pero que en dos años el gobierno nacional aumentó 833 por ciento el valor mayorista de la energía eléctrica. ´Pasamos a tener un kw de 107 pesos a uno de 995 pesos. Si tomamos los dos años desde que hace que asumió este gobierno, pasamos a tener un kw de 107 pesos a 995 pesos, que es el promedio de lo que le cuesta a la provincia comprarlo en el sistema administrado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). O sea, hubo un incremento en dos años de 833 por ciento´”, precisan en el escrito.

Con base a en este análisis afirman: “El cuadro tarifario previsto a través de la resolución SEE 1091/2017, marca una nueva tarifa de luz que es ´indebida y abrupta´, afectando el impensado y desmesurado incremento la protección del interés económico de los comerciantes, industriales y de la producción del Dpto. Colón, Provincia De Entre Ríos, sin haberse tenido en cuenta su verdadera capacidad de pago, confiscando sus reducidas ganancias, y en varios casos, dejándolas inexistentes”, destacan.

Entre los planteos esgrimidos, también se destaca la afectación, como consecuencia de los incrementos tarifarios, del derecho de propiedad y el de información adecuada, así como también directamente el de Derechos Humanos en caso de suspenderse el servicio, ya que “la energía es un derecho humano, no una mercancía”.

Sobre este último punto agregan: “La energía eléctrica es una necesidad básica insustituible y forma parte de los derechos humanos de tipo económico y social. El Estado tiene la obligación de asegurar el acceso al servicio eléctrico como parte de un piso de derechos mínimos que tiene que garantizar a toda la población”, y acto seguido disparan: “Cada vez que se fija o se autoriza una tarifa que resulta inaccesible (inasequible) para la mayor parte de la población, se ejerce violencia institucional, se frustra la dignidad del ciudadano, y se vulneran nada menos que los derechos humanos”.
Medida cautelar
Como accesorio del pedido de inconstitucionalidad, el escrito solicita también la aplicación de una medida cautelar de “no innovar” respecto a la provición del servicio de energía eléctrica para los comerciantes colonenses, “que se encuentren en condiciones de suspensión del servicio por falta de pago de las facturas que contienen los incrementos, no pudiendo interrumpirlo por el plazo de 180 días, a contar desde la notificación de la decisión judicial, y/o hasta que la cuestión de fondo se resuelva”, indica.

“La vigencia irrestricta de los derechos humanos fundamentales que invocamos hoy está condicionado a la adopción de la medida cautelar que se pide”, concluye el escrito judicial.
Fuente: APF Digital

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