Decomiso a Urribarri: “El destino de los bienes decomisados corresponde al Poder Ejecutivo”, explicó el Fiscal de Estado

Decomiso a Urribarri: Rodríguez Signes explicó cómo se ejecutará y habló del destino de los bienes. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó el rol del poder Ejecutivo en la ejecución del decomiso tras la confirmación de la condena a Urribarri, el destino de los bienes recuperados y la situación de Aguilera en el Senado.

La Fiscalía de Estado de Entre Ríos avanzará con el decomiso de los bienes alcanzados por la condena contra Sergio Urribarri y otros imputados una vez que reciba la notificación formal del tribunal. El organismo explicó que el procedimiento será similar al aplicado en causas anteriores y que la asignación de los bienes quedará bajo la órbita del Poder Ejecutivo.

En declaraciones al programa A quien corresponda (Radio Plaza 94.7), el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó que la función del organismo que dirige consiste en “cumplir con la sentencia en la parte patrimonial” y recordó antecedentes como las causas Yedro, Righelato, Pacayut, Taleb y Rodríguez. En esos casos, indicó, el organismo recibió la comunicación correspondiente y, junto con la Escribanía Mayor de Gobierno, concretó las medidas necesarias para ejecutar los decomisos.

Respecto de los tiempos del procedimiento, sostuvo que la intervención será inmediata una vez que llegue la notificación judicial. “No es una medida que exija demasiado tiempo. Por el contrario, le diría que es bastante inmediata”, afirmó. En ese sentido, señaló que se encontraba a la espera del oficio del tribunal que dictó la sentencia.

Otro de los aspectos planteados fue el destino de los bienes decomisados. Según explicó, la sentencia no establece una función específica para esos bienes, por lo que su asignación corresponde al Poder Ejecutivo. “Los bienes se ponen a disposición del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo asigna”, resumió.

También diferenció el decomiso de la eventual reparación económica por el perjuicio ocasionado. Explicó que la sentencia no establece una nominación en dólares del perjuicio, sino una suma en pesos actualizable. En cambio, remarcó que el decomiso “está ordenado” y que se encuentra firme, por lo que “hay que cumplirlo, hay que ejecutarlo”.

En ese marco, señaló que existe una discusión sobre si los bienes decomisados alcanzan para cubrir la totalidad del perjuicio económico o si corresponde avanzar además con una acción resarcitoria. La cuestión se vincula con los cinco hechos identificados en la causa y con la posibilidad de que el decomiso corresponda a uno o dos de ellos, mientras que los restantes requieran acciones independientes.

En relación con las jubilaciones de los condenados, sostuvo que se trata de derechos personales y que, en principio, no serían alcanzadas por el decomiso. También se refirió a la situación de Juan Pablo Aguilera, quien mantiene un cargo en el Senado entrerriano y no realiza labores desde 2018. Considerando que la condena contempla la inhabilitación, estimó que, una vez que corresponda aplicarla, el Senado debería disponer su baja.

Sobre el destino de los bienes recuperados en causas anteriores, explicó que la Fiscalía de Estado limita su intervención a ponerlos a disposición del Poder Ejecutivo. Mencionó que en el caso de Pacayut un inmueble fue asignado a la Policía de Entre Ríos, mientras que en el caso de Righelato también hubo bienes destinados a esa fuerza. “En todos los casos los bienes se ponen a disposición del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo les asigna una función para alguna repartición pública”, sostuvo.

Como antecedente diferente, recordó el caso Allende, en el que el acuerdo sobre el destino de los bienes no prosperó porque el tribunal no lo homologó. Según explicó, la Fiscalía de Estado sostuvo entonces que la asignación correspondía al Poder Ejecutivo. “En todos los demás se ha cumplido el decomiso y el Poder Ejecutivo le ha asignado una función para alguna repartición pública”, concluyó.