ENTREVISTA A JOSE MARIA SEGURA en Buen Día
La Cámara de Diputados de Entre Ríos, a pesar del fuerte rechazo de los gremios estatales, las organizaciones de jubilados y la oposición política, convirtió este miércoles en ley el proyecto de reforma previsional impulsado por la administración del gobernador Rogelio Frigerio. Ahora la disputa se trasladará a la Justicia.
La iniciativa, según remarcan desde el oficialismo, busca el equilibrio fiscal y apunta a garantizar la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
La votación en general arrojó 18 votos positivos frente a 12 negativos.
José María Segura, el secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), durante una entrevista con el programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1), volvió a cuestionar en duros términos la iniciativa –ahora ley–, entre otras razones por “las mentiras o las medias verdades” que sostienen el oficialismo, especialmente en cuanto al 82% móvil. “Dicen que el 82% se blinda y es una mentira escandalosa, porque se elimina el 82% y la movilidad también”, subrayó.
Segura agregó que el 82% móvil, en el sistema anterior, garantizaba que los jubilados percibieran el 82% del mejor salario en actividad, con actualizaciones vinculadas al cargo alcanzado al momento de jubilarse. La nueva ley desvincula la actualización de haberes de la evolución salarial activa, permitiendo incrementos arbitrarios y no automáticos, lo que implica una pérdida progresiva del poder adquisitivo de los jubilados.
La reforma, además, es percibida como “un atropello y una pérdida de derechos adquiridos” dado que reduce los haberes jubilatorios y modifica el mecanismo de actualización.
El sindicalista judicial estimó que, con el tiempo, los jubilados “podrían percibir solo un 60% de lo que cobraban en actividad”.
La decisión política del Gobierno provincial “priorizó el ajuste sobre los salarios de los jubilados como única alternativa para la sustentabilidad de la caja previsional, desestimando otras opciones propuestas, como el financiamiento externo, que es habitual en otras cajas jubilatorias del país”.
Segura, asimismo, opinó que las justificaciones oficiales sobre el mantenimiento del 82% móvil “son falsas” y que los funcionarios responsables “actuaron con pleno conocimiento de las consecuencias”.
“No se presentaron datos claros ni estudios concretos sobre el déficit real de la Caja, y el tratamiento legislativo fue apresurado, sin debate suficiente ni transparencia en la información financiera”, agregó.
La reforma, según la mirada de Segura, se enmarca en “un contexto de presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el gasto previsional, como parte de las condiciones impuestas por préstamos internacionales. El Gobierno provincial opta por ajustar sobre los jubilados en lugar de reclamar fondos al Gobierno nacional, priorizando el pago de la deuda externa sobre la protección de los derechos previsionales”.
Acciones judiciales
Con la ley sancionada, los grenios estatales nucleados en la multisectoriales planean impugnar la ley por inconstitucionalidad, con el argumento de que la declaración de emergencia carece de fundamento real y que la delegación de facultades al Ejecutivo está prohibida por la Constitución provincial.
Se invocan, en este sentido, principios de progresividad y derechos adquiridos, respaldados por tratados internacionales.
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