Daniel Elías, expresidente de la Caja, dio su opinión sobre la reforma previsional


AUDIO. Daniel Elías, expresidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.


Consideró que “existe un consenso generalizado entre los legisladores sobre la necesidad de avanzar en una reforma previsional” y “el ambiente es favorable, con apertura al debate y disposición para mejorar el proyecto presentado”. Planteó, sin embargo, objeciones a algunos puntos del proyecto oficial.

Las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado continúan estos días recibiendo aportes de distintas organizaciones y personas con el fin de enriquecer el debate del tratamiento del proyecto de ley denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.

El expresidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, Daniel Elías, que participó en uno de los últimos encuentros, opinó que “existe un consenso generalizado entre los legisladores de Entre Ríos sobre la necesidad de avanzar en una reforma previsional” y “el ambiente es favorable, con apertura al debate y disposición para mejorar el proyecto presentado”.

Los legisladores, agregó Elías en declaraciones al programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1), reconocen “su falta de especialización en la materia, lo que los lleva a buscar información y asesoramiento para tomar decisiones informadas”.

Destacó la importancia de abordar el tema con profundidad, evitando enfoques superficiales o mediáticos, dada la magnitud del impacto sobre un gran número de ciudadanos.

El cálculo para el haber jubilatorio

La propuesta actual plantea modificar la base de cálculo para el haber jubilatorio, pasando del promedio de los últimos 10 años de salario a los últimos 20 años. Este cambio no se observa en otras cajas previsionales del país, donde la tendencia es mantener bases de cálculo más acotadas.

La aplicación inmediata de esta medida, según la mirada de Elías, reduciría los haberes jubilatorios iniciales entre un 15% y un 20%, debido a que la mayoría de los empleados públicos experimentan los mayores ascensos y mejoras salariales en los últimos 10-12 años de su carrera, ante la falta de una carrera administrativa estructurada con ascensos programados. Extender el cálculo a 20 años incluiría períodos de salarios más bajos, disminuyendo el promedio y, por ende, el monto jubilatorio, aunque el porcentaje (82%) se mantenga.

Alternativas y propuestas de modificación

Sugirió que, en caso de avanzar con la extensión de la base de cálculo, “el cambio se implemente de manera progresiva (por ejemplo, pasando primero a 15 años) para permitir que la administración pública organice una carrera administrativa adecuada y evitar un impacto negativo inmediato en los futuros jubilados”.

Otra alternativa planteada “es establecer un tope al promedio de los últimos 10 años, de modo que no supere en más de 1,5 o 2 veces el promedio salarial de toda la carrera, evitando así abusos derivados de ascensos acelerados” en los últimos años previos a la jubilación.

Impacto sobre la jubilación por invalidez

La reforma propuesta afecta de manera especialmente negativa a la jubilación por invalidez. Si se aprueba tal como está, un trabajador que sufre una invalidez después de 19 años de servicio tendría su haber calculado sobre toda su carrera (con salarios bajos en los primeros años) y recibiría solo el 70% del haber, en lugar del 82%. “Esto representa un castigo económico significativo para quienes, por motivos ajenos a su voluntad, no pueden completar una carrera laboral plena”, opinó Elías, y agregó que “la función esencial” del sistema previsional es proteger ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte, y que reducir la protección en caso de invalidez “desnaturaliza el sentido social” del sistema.

Por otra parte, Elías diferenció entre el sistema de seguridad social y los sistemas de capitalización individual (como las AFJP). La seguridad social se basa en la solidaridad colectiva: todos los trabajadores aportan para cubrir las contingencias de todos, especialmente las más imprevisibles como la invalidez. En cambio, la capitalización individual depende exclusivamente de lo que cada persona haya aportado y acumulado, lo que puede ser insuficiente para quienes no han podido contribuir lo suficiente, especialmente en contextos de empleo público.

Rechazó, además, la idea de que el sistema previsional deba ser “rentable” en términos empresariales, ya que su objetivo es la protección social y no la generación de ganancias.

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