El Poder Ejecutivo de Santa Fe alumbró el decreto con el llamado Plan de Protección de los Ingresos para agentes (activos y pasivos) de la Administración Centralizada y Descentralizada del Poder Ejecutivo, cuyo contenido había sido anunciado días atrás en conferencia de prensa por el ministro de Economía, Pablo Olivares; la secretaria de la Función Pública, Malena Azario y la vocera gubernamental, Virginia Coudannes.
La medida, largamente esperada por un sector importante de estatales activos y pasivos, apunta a lograr un aletargamiento en las deudas de los agentes con entidades financieras o mutualistas que tienen códigos de descuento en el Estado santafesino y limita, a partir de ahora, al 25% el descuento por créditos.
El decreto lleva el número 1014, tiene fecha del 13 de mayo, conteniendo una batería de medidas destinada a trabajadores públicos y privados, autónomos y jubilados con salarios afectados por descuentos derivados de créditos. El objetivo es aliviar la carga financiera mediante la refinanciación de deudas y garantizar, en el caso de los estatales, que las deducciones no superen el 25 % de los ingresos.
El plan combina medidas de alivio inmediato con herramientas de educación financiera y asesoramiento institucional. "Promuévase un Programa Educativo de inclusión financiera en colaboración con entidades financieras, entidades no financieras y organismos nacionales y participación del Ministerio de Educación, destinado al personal del Estado y público en general para favorecer el desarrollo de las capacidades y la salud financiera de todas los ciudadanos", marca el artículo 14 del decreto.
En la provincia, el 33 % de los empleados estatales registra descuentos por créditos en sus recibos de haberes; de ese total, unos 12.000 superan el umbral del 25 % de afectación salarial. A ellos se suman 7.000 jubilados y cerca de 60.000 trabajadores privados y autónomos en situación similar.
El plan se estructura en cuatro ejes:
- Reordenamiento del sistema de códigos de descuento a estatales mediante un reempadronamiento de entidades adheridas al esquema CUAD (Cuentas Unificadas de Aportes y Descuentos).
- Nuevo límite para la afectación del salario, que pasa del 50% actual al 25 %.
- Adecuación de las deudas vigentes a ese nuevo tope, ya sea mediante la refinanciación con el acreedor original a tasas más bajas o a través de la transferencia del saldo a otra entidad.
- Habilitan a trabajadores públicos y privados líneas de crédito de menor costo para la consolidación de deudas.
Para trabajadores privados y autónomos, el plan incorpora instrumentos específicos. Entre ellos, una línea del Banco de Santa Fe para cancelar deudas a largo plazo -de hasta cinco años- con tasas por debajo del promedio del mercado; la articulación con cámaras empresariales para promover programas sectoriales de desendeudamiento; y la convocatoria a entidades financieras para ampliar la oferta de créditos de consolidación.
Además, el Banco Solidario (dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano) activará medidas orientadas a sectores con ingresos irregulares o intermitentes, que suelen tener mayores dificultades para acceder al sistema financiero tradicional.
Los empleados públicos y jubilados podrán iniciar el trámite de manera digital a través del portal oficial de la provincia, utilizando su ID Ciudadana. Una vez completada la solicitud, serán contactados para avanzar con el proceso.
En el caso de privados y autónomos, la gestión se realizará a través de las plataformas del agente financiero correspondiente, con seguimiento del Gobierno Provincial. Tras el análisis del perfil crediticio, se informarán las condiciones y los pasos a seguir para acceder a los beneficios.
El decreto
"El Comité de Expertos de la OIT sobre la Aplicación de Convenios y Recomendaciones ha identificado que salarios adecuados y pagados puntualmente son esenciales para garantizar un trabajo decente y la justicia social, y tienen un efecto muy directo y tangible en la vida cotidiana de los trabajadores", expresa el decreto en uno de sus considerandos.
Agrega que la protección de salarios representa un desafío importante en este contexto de sostenimiento de tasas de interés elevadas en términos reales, configurando un desafío adicional para nuestra región, en la medida en que encarece el crédito, desalienta la inversión productiva y profundiza las restricciones financieras de hogares y empresas, afectando el consumo y la actividad económica, y agravando el deterioro del poder adquisitivo de las familias.
El decreto firmado por Maximiliano Pullaro y los ministros Olivares y Pablo Bastía tiene 22 artículos e invita a los poderes Legislativo y Judicial, Tribunal de Cuentas, Ministerio Público de la Acusación, Ministerio Público de la Defensa, empresas y sociedades del Estado Provincial a adoptar disposiciones similares que establezcan el límite de afectación de los haberes de sus agentes.
El decreto habilita al Ministerio de Gobierno e Innovación Pública requerir a las entidades titulares de los códigos de descuento vigentes que cumplimenten una serie de requisitos.
En el artículo 3 se define que "el haber mensual sujeto a descuentos está constituido por el monto del haber bruto mensual una vez practicadas las deducciones en concepto de: retenciones obligatoriamente impuestas por las leyes; cuota sindical Ley 23551; servicio complementario IAPOS; en su caso medidas dispuestas en sede judicial; y créditos a favor de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo".
Aclara que a los fines de la determinación del haber mensual sujeto a descuento no se computarán asignaciones familiares, sueldo anual complementario, haberes extraordinarios adicionales o complementarios que se perciban por única vez, ni retroactividades por haberes devengados.
Establece que entidades que sean acreedoras de agentes que, a la fecha de vigencia de la norma, tengan una afectación en sus haberes superior al 25%, deben adherir al régimen y refinanciar el pago de las diferencias a la tasa pactada en la operación original bajo apercibimiento de quedar inhabilitadas para futuras operaciones.
En caso de que entidades no refinancien el pago de las diferencias, el Estado Provincial, puede garantizar la medida a través de un mecanismo de anticipo de haberes con consentimiento del agente.
También el decreto habilita al Ministro de Economía a suscribir convenios con el agente financiero de la Provincia y otras entidades para implementar líneas de créditos con mejores condiciones financieras a las de mercado, incluyendo bonificación y/o subsidio de tasa, destinadas a precancelar deudas por parte de agentes activos y pasivos del Estado Provincial, municipales, trabajadores del sector privado y trabajadores independientes que se excedan del tope establecido.
Unidad de gestión
El decreto prevé conformar una Unidad de Gestión integrada por representantes de las secretaría de Finanzas, Recursos Humanos y Función Pública, Política Económica, Hacienda y API del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno para realizar el seguimiento del plan.
También para evaluar aspectos operativos del sistema de prestación de servicios de procesamientos de datos a terceros y del sistema de deducciones y códigos de descuentos, y realizar las propuestas de modificaciones y de definición de criterios necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto.
La Unidad de Gestión podrá requerir la colaboración de la Oficina de Defensa del Consumidor y/u otras áreas operativas de la Administración Provincial a fin de brindar asistencia en la verificación y control de las operaciones de créditos tendientes minimizar los riesgos asociados a la falta de educación financiera de los agentes usuarios.
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