AUDIO. Entrevista a Andrés Sabella, rector de la UNER
La Justicia Federal, en un fallo dado a conocer en los últimos días, determinó que el Gobierno nacional debe cumplir de manera efectiva con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución obliga a la actualización de los salarios docentes, las becas estudiantiles y los fondos para programas de investigación.
El tribunal, integrado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, hizo lugar a la demanda colectiva iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a diversas universidades del país.
Andrés Sabella, el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en declaraciones al programa Buen Dia, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1), recordó que antes de este fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hubo otro que prima facie reconoció que el pedido de las universidades para que se aplicara la ley era legítimo y debía ser acatado por el Poder Ejecutivo.
El Gobierno nacional, sin embargo, no acató la orden judicial y apeló y ahora la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le pordena que debe acatar la ley porque es absolutamente ilegítimo e irrazonable el planteo que está haciendo de que no tiene los fondos para pagar, en este caso, lo que el amparo plantea, que es la recomposición de los salarios y la recomposición de las becas de los estudiantes universitarios.
Sabella consideró que “la situación es realmente inédita” porque se trata “del no cumplimiento de los deberes de funcionario público” y que ha llevado “a las organizaciones sindicales de las universidades a que se plantearan en marzo un plan de lucha que ha comenzado y que sigue ahora en abril”.
Sabella, además, subrayó que “la caída del poder adquisitivo de los salarios de los docentes universitarios “alcanza casi al 50%” por lo que “debiera haber una recomposición del 47,8% para volver a los niveles salariales de diciembre del 23”. Y, en este sentido, remarcó que el sistema universitario “no está pidiendo un trato preferencial, o algo diferente a lo que está ocurriendo en la Argentina” sino que “está pidiendo solamente que se actualicen las partidas para tener una situación similar a la de del 23, que tampoco era el mejor momento del sistema universitario porque el mejor momento del sistema universitario argentino en cuanto a la cuestión presupuestaria se remonta al 2014/2015”.
– Lo que uno piensa es que, como sociedad, como país, estamos rompiendo lo que nos puede sacar adelante, que es la educación, y no le queda más que pensar que esto es un plan para dañar a la educación pública.
– Es complejo y resulta indudablemente difícil. Argentina ha pasado por situaciones similares y hemos logrado sobrellevarlas.
Hoy hay un trabajo enorme de los docentes que están frente de las aulas hablando con quienes hacen el esfuerzo de ir a una universidad, y tratar de explicarles de que en realidad el camino que eligieron los países que han logrado desarrollarse ha pasado por el incentivo a la educación, a la ciencia y a la tecnología, que generan soberanía educativa.
Argentina, en cambio, en materia de educación se encuentra entre los países que tienen la inversión más baja en América Latina. Es decir, Argentina, que fue un país que en algún momento llegó a invertir en educación superior cerca del 1%, en el 25 invirtió el 0,6%, y este año, con el presupuesto que se aprobó, va a ser menor al 0,5%. Estamos en niveles similares a Honduras y Paraguay, después todo el resto de los países de América Latina tienen inversiones superiores a la que tiene Argentina.
Hay que recuperar esa inversión, y, por supuesto, invertir los recursos de la manera más eficiente, transparente y con gestión, que es lo que habitualmente intentamos hacer en las universidades argentinas.
– Pensar que todo esto empezó con Manuel Adorni y otros voceros del Gobierno acusando la falta de rendición de cuentas y mucha gente tomó ese discurso, cuando el plan no era la rendición de cuentas sino desfinanciarlas absolutamente.
– Ese argumento que usó el Gobierno es totalmente falaz. Las universidades argentinas por un lado, tenemos organismos de control interno, y, además, rendimos cuentas al Ministerio de Economía todos los meses de febrero y junio elevando la cuenta de inversión, diciendo a dónde han ido los recursos públicos, a dónde han sido invertidos.
En el caso particular del sistema universitario, en estos momentos el 93% de sus recursos son para pagar salarios, que se liquidan por un sistema específico por lo que el Gobierno tiene esa información con nombre, apellido, documento, antigüedad, cargo, todo.
Y tenemos la auditoría de la Auditoría General de la Nación, que depende del Poder Legislativo, y en algunos casos hay muchas universidades, la Universidad Nacional de Entre Ríos es una de ellas, que además tenemos acuerdos con la Sigen para llevar adelante procedimientos de control de manera conjunta.
Indudablemente fue un argumento que se usó para confundir a la opinión pública.
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