La conflictividad en el sistema universitario suma un nuevo capítulo con el inicio de otra semana de paro docente que impacta en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y sus escuelas preuniversitarias, en el marco de un plan de lucha nacional que se extenderá del 13 al 18 de abril y tendrá una nueva instancia a fines de mes.
La medida de fuerza se inscribe en un escenario de creciente tensión con el Gobierno nacional, con reclamos centrados en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la convocatoria a paritarias. Durante los días de paro no se dictarán clases ni se desarrollarán actividades académicas habituales, por lo que los estudiantes de las distintas facultades deberán estar atentos a si cada docente adhiere o no a la medida.
Asimismo, los trabajadores no docentes de la UNL ya habían anunciado sus fechas de medidas de fuerza y la próxima es el viernes 17 de abril.
El conflicto se profundiza tras un reciente fallo judicial que ordena al Estado nacional cumplir con la normativa vigente, incluyendo la actualización salarial, el pago de deudas con trabajadores y el financiamiento del sistema. Sin embargo, según se sostiene desde el ámbito universitario, la resolución aún no fue implementada, lo que motivó la continuidad y profundización de las medidas de fuerza.
En ese contexto, además de la suspensión de actividades, se prevén acciones de visibilización en todo el país, como clases públicas, jornadas de debate, volanteadas y encuentros interclaustro. En la UNL, una de las actividades programadas será una jornada sobre la reforma laboral en la Facultad de Ciencias Económicas, que reunirá a especialistas del ámbito sindical, académico y judicial.
La medida forma parte de un plan de acción más amplio que busca sostener el reclamo en la agenda pública y sumar adhesiones en defensa del financiamiento universitario. En paralelo, se impulsa la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria, en articulación con estudiantes y trabajadores no docentes.
El paro se da en un contexto de deterioro salarial y presupuestario que atraviesa a todo el sistema. De acuerdo con datos del Consejo Interuniversitario Nacional, los salarios universitarios perdieron un 32% de su poder adquisitivo desde fines de 2023, mientras que las partidas de funcionamiento registran fuertes recortes, lo que impacta en el desarrollo de las actividades académicas, científicas y de extensión.
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