Desde la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores señalan que el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina no cumple su función y encarece los precios. Reclaman su disolución o que el aporte sea voluntario.
La Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA) volvió a cuestionar al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), al que acusan de ser un organismo ineficiente y costoso para el sector. En ese sentido, pidieron su disolución o, al menos, que el aporte que deben hacer sea voluntario, ya que hoy es obligatorio y, según denuncian, impacta directamente en el precio final.
La propuesta fue presentada a través de una carta enviada al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En el documento, CAMYA insistió con una postura que viene sosteniendo desde hace varios meses: la necesidad de reformar o eliminar el IPCVA.
El instituto fue creado en 2001 con el objetivo de posicionar y mejorar la imagen de la carne vacuna argentina en los mercados nacional e internacional. Sin embargo, desde la cámara ponen en duda que esa misión se esté cumpliendo.
Financiamiento privado y críticas al funcionamiento
El IPCVA se financia completamente con fondos privados: productores ganaderos y frigoríficos aportan un monto por cada animal enviado a faena, valor que se actualiza en base al precio de la res. Para CAMYA, ese sistema no solo es injusto sino también ineficaz.
“La única manera de liberar el verdadero potencial del sector cárnico es a través de la desregulación y la reducción de la carga estatal, que hoy sólo asfixia a productores y operadores con impuestos distorsivos, trabas burocráticas y la intromisión de organismos ineficaces. El IPCVA ha demostrado ser un elefante blanco en términos de costos y resultados”, indicó CAMYA en el documento firmado por su presidente, Leonardo Rafael.
“Mientras nuestros aportes obligatorios sostienen una estructura burocrática ineficiente, los beneficios reales para los matarifes y abastecedores son nulos. En un mercado globalizado, los productores deberían tener la libertad de elegir cómo y dónde promover sus productos sin la intromisión de un organismo privado/estatal”, agregaron.
Participación del sector y cuestionamientos al aporte
Según lo establecido por ley, el 69% de los fondos del IPCVA proviene de los productores ganaderos, mientras que el 31% restante corresponde a la industria. Desde CAMYA señalan que, entre enero y septiembre de 2024, el 44,5% de las cabezas faenadas estuvieron a cargo de matarifes y abastecedores.
Aunque en muchos casos estos últimos no pagan directamente el aporte al IPCVA, los frigoríficos lo incluyen como parte del costo por el servicio de faena. De acuerdo con CAMYA, esto hace que el 14% del financiamiento del instituto provenga indirectamente de los matarifes. Estiman que la recaudación total del organismo fue de USD 15 millones en 2024.
“Planteamos la disolución del IPCVA o, en su defecto, la transformación en una entidad de carácter voluntario. Es necesario que los matarifes y abastecedores decidan de manera libre si desean aportar a un organismo de promoción. En todo caso, el mercado sabrá encontrar los canales adecuados para promover los productos argentinos en el exterior, sin la necesidad de intermediarios ineficientes”, propuso la entidad.
Impacto en los precios y propuesta alternativa
Desde la cámara también cuestionaron el destino de los fondos. “En lugar de financiar obligatoriamente una promoción exterior con dudosos resultados, podríamos apostar a fortalecer la ganadería en su conjunto, generando un verdadero efecto derrame sobre toda la actividad”, señalaron.
Además, advirtieron que el costo del aporte al IPCVA recae sobre toda la cadena de valor de la carne. “A esto se suma un punto clave: el costo de este aporte obligatorio recae sobre toda la cadena de producción y comercialización, convirtiéndose en una variable más en la formación del precio de la carne. Como sucede con cualquier otro costo en la estructura del sector, el impacto final termina absorbiéndolo el último eslabón de la cadena, que no es otro que el consumidor”, añadieron.
CAMYA espera que el Gobierno tome medidas concretas frente a un reclamo que, según afirman, representa a una porción significativa del sector cárnico nacional. (Infobae)
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