Lo anunció el ministro de Justicia. Los propietarios podrán elegir en qué jurisdicción patentar la unidad.
El Gobierno anunció que se cerraron otras 155 oficinas del Registro Automotor, con lo que ya se redujo en 320 en un año, un 20% la cantidad de sedes en el país. “El objetivo es que todo el sistema sea completamente digital” señaló el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
En conferencia de prensa, el portavoz Manuel Adorni precisó que el Ministerio de Justicia tiene el objetivo de establecer un Registro Automotor Único y 100% digital. “Estos espacios, no servían para otra cosa más que para tener de víctima al contribuyente”.
Lo interesante es que luego de habilitado el registro único nacional -todavía no han concluído ciertos procesos de digitalización- los propietarios podrán inscribir el vehículo en la jurisdicción que menos impuestos, tasas y aranceles les cobre. En Casa Rosada explicaorn que hay cargos nacionales que son iguales en todas las provincias, pero luego hay impuestos provinciales y tasas municipales que varían según la jurisdicción. La normativa que se está preparando permitirá a los propietarios elegir la jurisdicción que le resulte más conveniente económicamente. “Esperemos que haya competencia a la baja por estos impuestos y tasas”, dicen los funcionarios.
El Gobierno heredó, al inicio de su gestión, 1.500 Registros Nacionales de la Propiedad Automotor (RNPA), la primera barrera de peaje que hay que atravesar para asentar la titularidad de un vehículo o la transferencia de un dueño a otro.
Considerados el ejemplo más evidente de “coto” y prenda de favores de la clase política, los RNPA se han convertido en una formidable maquinaria de recaudación que está lejos de justificarse en la era de la digitalización.
Una explicación posible para la existencia, en el 2023, de los registros, es que el dinero que ingresa por sus ventanillas alimenta muchas cajas del sector público.
Distintos informes elaborados por diversas fuentes, que están en manos de diputados que impulsan cambios al régimen de registración de automóviles, y que también fue insumo del mega decreto desregulador, reúne cifras impactantes, tomando como referencia la cantidad de operaciones realizadas y los valores de los vehículos de 2022.
Ese año los argentinos pagaron casi $ 700.000 millones por diversos trámites. Un resumen extraído del trabajo que está en manos de legisladores y funcionarios cuenta cuánto se pagó por cada trámite.
Además, por el libre deuda de infracciones, por 1.570.784 autos usados transferidos en 2022, el organismo los propietarios pagaron cerca de 2.100 millones de pesos.
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