Un centenar de estaciones de servicio tienen cortado el suministro dadas las características de sus contratos interrumplibles.
Ante la primera ola de frío polar del año, algunas distribuidoras de gas empezaron a cortar el suministro “interrumpible” a más de 124 estaciones de servicio que comercializan Gas Natural Comprimido (GNC) para vehículos, por lo que se suspendió la venta a los usuarios en un centenar de localidades a lo largo del país, por ejemplo en la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), La Plata, Mar del Plata, Tucumán y Santiago del Estero.
Según pudo averiguar Clarín con fuentes oficiales y del sector privado, el motivo principal es que el Gobierno decidió priorizar un ahorro fiscal en subsidios energéticos y también de dólares en importaciones de combustibles líquidos para el uso de las centrales eléctricas. También otras causas obedecen a restricciones en el sistema de transporte -falta de capacidad en los gasoductos durante los picos de demanda- y a la voluntad de los privados de disminuir sus costos de abastecimiento.
Los usuarios que tienen contratos interrumpibles (no firmes) pagan el gas más barato. Pero también son los primeros que ven caer su abastecimiento y se quedan sin poder prestar servicios. Pedro González, presidente de la Cámara de Expendedores de GNC, dice: “Algunos ‘vivos’ estacioneros compran gas interrumpible para pagar menos y entonces no pueden trabajar, como en La Plata, donde el 90% tiene esta modalidad”.
Hay dos definiciones oficiales que se conjugaron para esta situación. Por un lado, la búsqueda de maximizar el uso de gas natural barato (4,43 dólares por millón de BTU de producción local o US$ 12,90 el gas licuado -GNL- importado) en las usinas termoeléctricas para desplazar gasoil, fuel oil y carbón mineral, que cuestan más de US$ 22. Eso implicó un menor costo de corto plazo para el sistema energético y una reducción de las necesidades del Gobierno de aumentar las tarifas o destinar más subsidios. Recién en estos días las centrales térmicas empezaron a usar un 46% de líquidos, ya que algunas solamente pueden funcionar a gas natural.
Por otro lado, como contó este medio en abril, la decisión de la Secretaría de Energía fue colocar “a precio de mercado” -sin subsidioslas importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) que hace la empresa pública Energía Argentina (Enarsa). Es decir, a 12,90 dólares por millón de BTU, correspondiente al costo de la compra en el exterior, el transporte y el proceso de regasificación.
Sin embargo, no garantizó a las distribuidoras que podrían recuperar ese valor cobrándolo en tarifas (pass through), ya que apenas trasladó mediante la resolución 41/2024 de Energía el costo del gas producido localmente en abril (US$ 2,89) para los hogares de altos ingresos -Nivel 1 de la segmentacióny los usuarios no domiciliarios.
Con la suspensión de los aumentos de tarifas en mayo para frenar la inflación, el ministro Luis Caputo ni siquiera convalidó lo decidido previamente por Eduardo Rodríguez Chirillo de incrementar el recupero del costo mayorista del gas producido localmente a US$ 4,43 en el período mayo-septiembre.
Así, las empresas como Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas, Gasnor y Gas NEA dejaron desiertas las múltiples licitaciones en las que Enarsa intentó vender el gas importado a través del Mercado Electrónico de Gas (Megsa).
Pese a eso, las empresas toman ese gas de los gasoductos porque tienen que atender a su demanda prioritaria -hogares, comercios y pequeñas industrias- e incurren en desequilibrios (“desbalances”) económicos comerciales, que después deberán negociar con el Gobierno para corregirlos. Es decir, que les otorguen más tarifas o subsidios.
En principio, en el sector aseguraban que durante el invierno no iba a faltar gas “físicamente”; o sea, que iba a haber suficientes moléculas de gas para todos los que tienen contratos de abastecimiento “firmes” (no interrumpibles). Pero el frío se anticipó y dejó en offside a la programación energética.
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