Condenaron a Cristina Kirchner: inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y 6 años de prisión
El Tribunal Oral Federal 2 condenó a la vicepresidenta por administración fraudulenta de los recursos del Estado y le prohibió a perpetuidad ejercer cargos públicos. Los jueces consideraron que está probado que durante su gestión se desviaron fondos de la obra pública para favorecer a las empresas de Lázaro Báez, un hombre que hizo toda su fortuna haciendo negocios con los Kirchner. Cristina habló poco después del fallo, dijo que es víctima de una mafia judicial, atacó a Clarín y a otros medios y anunció que no figurará en ninguna lista electoral durante el año que viene. Cristina no irá a la cárcel hasta que concluyan las apelaciones en tribunales superiores.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, condenó ayer por unanimidad a Cristina Kirchner por corrupción en el caso Vialidad, y dispuso para ella una pena de 6 años de prisión. Sin embargo, sólo la encontraron responsable del delito de administración fraudulenta, con una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Dejaron afuera de la sentencia la acusación por asociación ilícita.
Además, el tribunal dispuso el decomiso de 84.835 millones de pesos a los condenados, cifra que será actualizada al momento en que el fallo quede firme.
Minutos después de conocerse el fallo, Cristina atacó a los jueces y afirmó que el año próximo “no seré candidata a nada” por las redes sociales lo que provocó conmoción en el kirchnerismo.
Mientras pocos manifestantes la apoyaban afuera de los tribunales de Comodoro Py, que amanecieron con fuertes medidas de seguridad, y el Congreso.
En forma paralela, Juntos por el Cambio consideró el fallo como un hito en la lucha contra la corrupción y el presidente Alberto Fernández sacó un tuit en el que afirmó que se “condenó a una inocente”, entre otras repercusiones nacionales e internacionales.
Si bien, el TOF 2 la condenó también a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, hasta que el fallo no sea confirmó por la Cámara de Casación y la Corte podrá presentarse como candidata.
Cristina es la primera vicepresidenta condena en funciones, aunque son acusaciones por sus gestiones presidenciales.
A las 17.30 comenzó la lectura del veredicto a cargo del juez Jorge Gorini poniendo fin al juicio oral y público iniciado en mayo de 2019 y que tuvo como principal acusada a la vicepresidenta.
El 9 de marzo cuando se lean los argumentos que los llevaron a concluir la responsabilidad penal de cada uno de los acusados. Entonces, recién la vicepresidenta podrá apelar ante la Cámara de Casación la condena que recibió por corrupción.
Por orden alfabético el juez Gorini dio lectura a la resolución que en una primera parte contó con un voto unánime: la condena para la mayoría de los acusados por el delito de administración fraudulenta. La sorpresa fue la absolución por todas las acusaciones del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
El primer nombre que se leyó fue el de Lázaro Báez, el ex socio comercial de Cristina Kirchner. Al dueño de Austral Construcciones le dieron una pena de seis años por considerarlo partícipe necesario de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Después de leer la pena que recae sobre otros imputados, fue el turno de la vicepresidenta: “Condenar a Cristina Elisabet Fernández a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración público en carácter de autor”.
Hasta que esta sentencia no llegue a la Corte Suprema y el máximo tribunal no se pronuncie al respecto, no habrá firmeza del fallo, por lo tanto nada le impide a la vicepresidenta participar de las próximas elecciones si así lo desea.
El Tribunal determinó que Cristina Kirchner como presidenta de la Nación lejos de procurar el resguardo de los intereses públicos y del erario público, priorizó los intereses personales y permitió que se beneficie a Báez con quien mantenían sendos y millonarios acuerdos comerciales.
En los fundamentos el Tribunal dijo: “Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”.
De forma categórica, señalaron que hubo un “interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”.
Como contó Clarín en reiteradas ocasiones, el dueño del Grupo Austral y los Kirchner celebraron una veintena de acuerdos comerciales: contratos de alquiler, alquiler de hoteles, compra - venta de inmuebles, fideicomiso de construcción, un terreno en condominio, entre otros, que generaron que Austral Construcciones garantice ingresos por más de $ 40 millones entre 2009 y 2015 al patrimonio de la vicepresidenta.
En este punto el TOF 2 dijo que se verificaron por parte de Cristina Kirchner “llamativos y groseros aportes personales en la estrategia criminal, particularmente en su etapa conclusiva (año 2015)”, cuando Austral Construcciones dejó de estar operativa dando crédito a la conducta delictual de José López que actuaba de intermediario para que se aceleren pagos a Báez. “Fueron conductas ajenas al ámbito funcional de cada uno y que, una vez más, pusieron de resalto la existencia de vínculos estrechos y corruptos entre funcionarios públicos e integrantes de una empresa contratista de obra pública”.
El resto de los acusados también recibió penas muy duras, excepto cuatro. A Lázaro Báez, José López y el ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, también les dieron una pena de 6 años, entre otros.
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