Un acto se suspendió por los berrinches de un diputado-gremialista patotero apañado por el gobernador


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El miércoles 14, durante el acto de asunción del sexto mandato del diputado peronista José Ángel Allende al frente de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), y durante un acto que se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones, el gobernador Gustavo Bordet hizo dos anuncios: que este martes anunciaría la reapertura de las paritarias salariales con los estatales el mismo día en el que presentaría  un proyecto para recategorizar a 10.000 trabajadores públicos.

Pero el objetivo no pudo cumplirse: el acto previsto para hoy, a las 11, se suspendió. En el Centro de Convenciones estaban funcionarios y dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la UPCN, con sus dos máximas cabezas, Oscar Muntes y José Allende, respectivamente. Nada de lo previsto pudo desarrollarse: ante el gabinete provincial en pleno y toda la cúpula sindical -todos al aguardo del gobernador Bordet-, los dirigentes de UPCN decidieron retirarse en masa ante la novedad de que su máximo líder, Allende, no podía formar parte de la ceremonia.

Es por cuanto rige una perimetral contra el legislador provincial por una denuncia por coacciones que le interpuso en la Justicia la ministra de Salud, Sonia  Velázquez. El juez de Garantías Mauricio Mayer le impuso a Allende la prohibición de acercamiento a a menos de 200 metros de la ministra por un plazo de 90 días. La medida todavía rige, y así se lo hizo notar la funcionaria provincial al gobernador Bordet mediante un correo electrónico.


El titular de ATE, Oscar Muntes, calificó como “una vergüenza” lo que ocurrió hoy en el Centro Provincial de Convenciones. “Se levantó todo UPCN por la situación personal de un dirigente, y no se atendió la situación de más de 65 mil trabajadores del Estado que esperan definiciones tanto en lo que es el pase a planta como en la recomposición salarial. Como no podía estar Allende, se fueron todos. Es una vergüenza”.

Según Muntes, la reunión de hoy se suspendió sin fecha, y ahora aguardan que el Gobierno anuncie en las próximas horas la fecha de convocatoria a paritarias, algo que debía darse esta mañana. “Es una tristeza, por los trabajadores que están pendientes de esto. No se puede estar pendiente de los berrinches de un dirigente. ¿Qué hubiera pasado si ATE no iba a la reunión, porque desde el sindicato tenemos algunos reparos respecto del proyecto de recategorización? ¿Lo hacían igual? Aún con esas diferencias, resolvimos ir igual porque los dirigentes representamos a miles de trabajadores, no es una cuestión personal. Si Allende no podía estar por esta cuestión judicial, el resto del gremio pudo haberse quedado a la reunión. Pero decidieron irse todos”, se quejó.


La causa

El viernes 26 de octubre, la ministra de Salud se presentó ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual del Poder Judicial , y relató los “aprietes” de los que fue objeto de parte de Allende.

El hecho principal que motivó la denuncia fue reflejado por Entre Ríos Ahora, y de acuerdo a los testimonios recogidos habrían sido testigos las ministras de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Gobierno, Rosario Romero.

-¿Cuándo nos vamos a sentar a arreglar vos y yo? -preguntó Allende a la ministra Velázquez.

-No tengo nada que arreglar con vos, José -respondió la titular de Salud.

-Pero por qué no te vas a la mierda -contestó el diputado.

Allende había comenzado octubre con un fuerte entredicho con la ministra, que se materializó con la carpa que instaló la UPCN y  una manifestación que hizo frente a Casa de Gobierno, durante la primera semana de octubre, en la que pidió la cabeza de la ministra de Salud.

Allende ya tiene a las dos máximas cabezas de su gremio enjuiciadas por los cargos de coacciones agravadas, amenazas y resistencia a la autoridad: Fabián Monzón, secretario adjunto de UPCN y Carina Domínguez, secretaria gremial, más otro cuatro dirigentes de menor rango, y el exministro de Salud, Ariel de la Rosa. El martes 6 se conocerá  el veredicto.

Allende, por sí solo, tiene varios compromisos en la Justicia. En julio último, ingresó a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero, que se registró bajo el expediente administrativo N° 1050. Se trata de la solicitud realizada por el juez José María Chemez en la causa en la que el diputado está acusado de haber amenazado al periodista Martín Carboni, de NoticiaUno.com.

El mandamás de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) iba a ser juzgado el pasado 29 de junio, pero el debate fue suspendido a raíz de la solicitud realizada por el abogado del diputado, su sobrino Marcos Rodríguez Allende.

Tiene, además, una causa por enriquecimiento en el Juzgado de Transición a cargo de Gustavo Maldonado. Se trata de la causa N° 49.956 caratulada “Allende José Ángel- Sattler A. Guadalupe-Traverso Diana y otros/enriquecimiento ilícito”.

En Nogoyá, el territorio del legislador provincial, le abrieron una causa en 2017 por haber proferido amenazas al secretario técnico del Hospital San Blas, Juan Orlandi, aunque en esa investigación Allende pidió perdón a su víctima, y el asunto no pasó a mayores en la Justicia.

Pero además, junto a su esposa Adriana Sattler, el legislador es investigado por el delito de negociaciones incompatibles por cuanto siendo presidente de la Cámara de Diputados otorgó subsidios a una fundación que presidía su pareja.

De la Redacción de Entre  Ríos Ahora.

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