CORRUPCIÓN EN LA LEGISLATURA DE ENTRE RÍOS - CONTRATOS TRUCHOS. "Muchos estaban al tanto de que los contratos que firmaban eran por montos mucho más grandes que los que efectivamente recibían”


La fiscal de la causa de los contratos truchos en la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos, afirmó: 
"Nadie puede dudar del armado de un sistema en el que se realizan contrataciones simuladas y en las que el contratado retorna a quienes tienen poder para otorgar esa contratación”.

La fiscal de la causa de los contratos truchos dijo que por el momento no ha aparecido ningún arrepentido. Sostuvo que no todos los que han sido convocados a designar abogado están imputados y que algunos pueden llegar a terminar como testigos. Sobre
los contratados afirmó que son partícipes de los delitos investigados,
aunque algunos han dicho que fueron engañados. Los roles de cada uno en la cadena. Qué opina del planteo para que la causa pase a la Justicia Federal.

De la Redacción de Página Judicial 


La fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, habló por primera vez públicamente sobre el escándalo que tiene bajo la lupa a la Legislatura de Entre Ríos. Fue en el programa En el dos mil también, que se emite por FM Litoral
La funcionaria judicial explicó el funcionamiento del sistema del que ya se ha dado cuenta en la prensa y que terminó plasmándose en la imputación. Dijo que la documentación encontrada en las cámaras data desde enero de 2008. En cuanto a la Cámara de Diputados, que la investigación arranca en 2011, sostuvo que la investigación va “paso a paso porque requiere mucho tiempo” y no se animó a dar plazos sobre posibles imputaciones.
Consultada sobre quiénes están técnicamente imputados, Goyeneche dijo que hasta el momento son “cinco personas a quienes se les ha tomado declaración indagatoria y el resto, que es un número importante, han sido convocados. Algunas son funcionarios, otros no, pero lo hicimos para que presenten abogado defensor por una cuestión de garantías a la defensa en el caso de que en algún momento sean imputados” y agregó: “Esto es para que nadie nos objete alguna prueba, por eso esto es para que se controle la prueba. Pero esas personas no son imputadas”.
Además, señaló que “hasta ahora no hay arrepentidos, de todos modos, un arrepentido tiene que aportar información para la investigación”.
Goyeneche habló también de un posible recorte en el objeto de investigación, cuestión de la que sospechan algunos abogados defensores. “Esta investigación va a llegar hasta donde las pruebas nos permitan. Para llegar al que está más arriba de todo en esta trama de corrupción tenemos que tener pruebas, si llegamos producir la prueba, llegaremos”, apuntó.
Para la fiscal anticorrupción, los contratados “son partícipes de los hechos, porque se prestaron, aunque algunos de ellos dicen que fueron engañadas”. No obstante, resaltó que “muchos estaban al tanto de que los contratos que firmaban eran por montos mucho más grandes que los que efectivamente recibían” y añadió: “También es cierto que entre los contratados hay una cuestión de roles, están los que pudieron haber sido engañados, otros que se prestaron al engaño y otros que eran los que iban a cobrar los cheques”.
Consultada acerca de la presentación que hicieron algunos abogados defensores para que la causa pase a la Justicia Federal con competencia electoral, por considerar que se trata de un posible financiamiento de la política, Goyeneche sostuvo: “Desde lo jurídico, no acordamos con eso en lo más mínimo. Lo importante es que los abogados están reconociendo, con este planteo, una parte importante de esta causa que es que sus defendidos sustrajeron fondos. Esto es lo importante”, insistió.
Ante el planteo del abogado Miguel Ángel Cullen, que representa a algunos involucrados, sobre el avance de un poder sobre otro, es decir, del judicial sobre el legislativo, la fiscal anticorrupción opinó: “No tiene ningún sentido. Esta investigación se realiza en tiempo real. Nadie puede dudar del armado de un sistema en el que se realizan contrataciones simuladas y en las que el contratado retorna a quienes tienen poder para otorgar esa contratación”.

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