Lo dispuso Marta Beatriz Aucar de Trotti, del Juzgado en lo Civil N° 19, tras un pedido de particulares “celestes”.
Fue tras un pedido de particulares “celestes”. La jueza Marta Aucar consideró que la nueva ley contradice la Constitución provincial.
Una jueza chaqueña hizo lugar a una medida cautelar presentada por los particulares Hilda Beatriz Dellamea, Cristina Araceli Chemes, Clelia Mirtha Ávila, Gabriela Monzón y Claudia Mariel Medina, quienes pidieron la suspensión en la provincia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La decisión fue considerada como “antidemocrática” por representantes de organizaciones feministas.
La medida la dictó la jueza de feria, Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº19 de la ciudad de Resistencia.
En su presentación, los actores y actoras solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la norma recientemente aprobada en el Congreso y sostuvieron que el artículo 15 inciso1 de la Constitución de Chaco garantiza “el derecho a la vida y a la libertad, desde la concepción, a todas las personas y que, como se trata de una competencia concurrente de la provincia con la Nación, debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana”.
En el Gobierno de Chaco informaron que aún no fueron notificados del fallo, y por lo tanto hasta que eso suceda la ley sigue vigente.
“Desde la transversalidad de las campañas feministas veíamos venir esta jugada antiderecho. Es una aberración judicial que viola la Constitución porque se trata de una ley de cumplimiento a nivel nacional. Una provincia no puede tomarse la atribución de decir que en el territorio chaqueño no se va a cumplir. Espey ramos una respuesta por parte del Gobierno provincial”, le dijo a Clarín Tere Cubells, representante en el Chaco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y diputada provincial del Frente Grande en el Frente Chaqueño. También adelantó que sectores jurídicos vinculados al gobierno mantienen reuniones para trabajar en una estrategia jurídica política y manifestarán su posición en un comunicado.
En cambio, Paco Achitte, Jefe de servicio de hospital Perrando, cuestiona: “Era sabido que iban a aparecer medidas en relación a la inconstitucionalidad de la ley porque el IVE es un atropello a la autonomía provincial. Existe un principio de reserva por el que cada provincia conserva el poder no delegado en el Gobierno Nacional. La letra del artículo 15.1 de la Constitución provincial de Chaco manifiesta expresamente el derecho a la vida desde la concepción”. Incluso, adelantó que el próximo lunes el Partido que preside, Ciudadano a Gobernar, junto al equipo jurídico, hará una presentación en Corrientes de no adhesión al proyecto de IVE.
La misma línea sigue el párroco de la Santísima Trinidad de Resistencia, Rafael Del Blanco, quien “sostiene que al 90 % de los chaqueños les cayó bien y aplaudieron lo dictado por la jueza Aucar de Trotti”. Tampoco le sorprendió el hecho de que la ley se haya trasladado al terreno jurídico porque insiste en que gran parte de la ciudadanía se opone al IVE.
En su fallo, la jueza Aucar de Trotti manifestó que “si bien pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre la misma”.
La magistrada entendió que “la apariencia de buen derecho se manifiesta ante la simple lectura de las normas antes mencionadas”, en referencia al texto constitucional de la provincia de Chaco, de la Constitución nacional, pactos internacionales y a la ley de protección integral de la niñez N°26.061.
“Este tipo de cautelares evidencian la trinchera antidemocrática, que suspende el ejercicio de un derecho la implementación de una política pública sanitaria sin hacer un control mínimo, serio, de admisibilidad y procedencia de la acción”, dijo a Télam Soledad Deza, abogada tucumana feminista que representó y logró la liberación de Belén, la joven que estuvo presa en esa provincia a causa de un aborto espontáneo.
Deza agregó que este tipo de demandas “son una aventura jurídica, la legitimación activa es muy seria en un proceso y está decisión omite ese análisis como también el de la legitimación pasiva y la inexistencia inocultable de caso”.
La decisión se conoce tras el revés que afrontaron los grupos que rechazan el aborto legal, denominados “provida”, en Salta, donde la Justicia habilitó la feria judicial para rechazar un recurso colectivo interpuesto, entre otros, por la ex senadora nacional María Cristina Fiore Viñuales.
“No ha lugar por improcedente”, sostuvo en su escrito el titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio.
La abogada Marisa Herrera, especialista en Derecho de Familia y miembro del equipo que redactó el nuevo Código Civil, destacó la importancia de ese fallo: “Si bien los argumentos del juez salteño fueron muy escuetos, focalizados en cuestiones procesales, destaco que la intención de voltear el Protocolo Nacional y su aplicación, no tuvo cabida en el Poder Judicial salteño”, afirmó.
En la Ciudad y la provincia de Buenos Aires también se anuncian varios conflictos judiciales por la ley del aborto legal. De hecho, varias clínicas y sanatorios religiosos (Mater Dei, San Camilo, Hospital Austral y otros) están analizando presentarse en los tribunales contra la prohibición de que las instituciones manifiesten su “objeción de conciencia” a practicar los abortos, opción que sí tienen los médicos a nivel individual.
Junto con la IVE, el parlamento también aprobó la ley del Plan Mil Días, de cuidado integral de salud en el embarazo y la primera infancia.
Comentarios
Publicar un comentario