Demanda colectiva contra los cambios en las jubilaciones

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En la Casa Rosada anticipan que enfrentarán los planteos en los tribunales.

  • LA NACION
  • Santiago Dapelo
Ayer, se presentó ante la Justicia una demanda colectiva contra la suspensión de los aumentos automáticos de las jubilaciones, con el patrocinio de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la firma de miles de afectados.
Ante los reclamos, el Gobierno anticipó que enfrentará los planteos en los tribunales. Fuentes del oficialismo enfatizaron que “no hay plata” para otorgar un incremento generalizado.
La demanda lleva la firma de cerca de 7000 jubilados y fue coordinada por el director de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, Eugenio Semino. Se trata de un amparo colectivo con un pedido de medida cautelar de no innovar contra el decreto 163, que establece una suba de las jubilaciones y pensiones de un 2,3%, más una suma fija de 1500 pesos.
Si bien hasta ayer por la tarde en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) no habían recibido la notificación, fuentes del organismo, que lidera Alejandro Vanoli, anticiparon que “se va a defender la legalidad de la ley [de emergencia económica]”, que suspendió la actualización de las jubilaciones por 180 días y le otorgó al presidente Alberto Fernández una amplia delegación de facultades legislativas.
El Gobierno se prepara para dar batalla en los tribunales frente a las demandas por la suspensión de los aumentos automáticos de las jubilaciones. Como anticipo, desde la Casa Rosada respondieron ayer que, más allá de los planteos judiciales, “no hay plata” para otorgar un incremento generalizado.
Sin apuro para establecer un discurso unificado y una estrategia, en la Casa Rosada irán “paso a paso” .
Con la firma de cerca de 7000 jubilados, con el patrocinio del director de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, y otros abogados, fue presentada ayer una acción de amparo colectivo contra el decreto 163, que establece una suba de las jubilaciones y pensiones decidida de manera discrecional por el Gobierno (ver aparte).
Si bien hasta ayer por la tarde en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) no habían recibido la notificación, fuentes del organismo que lidera Alejandro Vanoli anticiparon que “se va a defender la legalidad de la ley [de emergencia económica]”, que suspendió la actualización de las jubilaciones por 180 días y le otorgó al presidente Alberto Fernández una amplia delegación de facultades legislativas.
Ahora, en la Anses esperarán el dictamen del fiscal. “Somos respetuosos de la Justicia y del derecho a peticionar”, agregaron allegados a Vanoli.
En el Gobierno no tienen dudas de que esto es el comienzo y anticipan una “catarata” de juicios contra el Estado. “Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pagaremos en la medida que podamos”, dijo sin eufemismos uno de los principales asesores del Presidente.
Hace ocho días, el Gobierno anunció un aumento para jubilados y pensionados de 2,3 por ciento más una suma fija de 1500 pesos, a partir de marzo, lo que significó un incremento del 13% para los que perciben la jubilación mínima, que pasará de $14.068 a $15.891. La decisión del Presidente generó que más de dos millones de personas reciban en marzo un aumento de haberes inferior al que hubieran percibido en caso de no estar suspendida la aplicación de la ley de movilidad previsional.
Pese a la posibilidad de que se inicien miles de demandas, en el Gobierno descartaban ayer que se hubiera extendido la preocupación. “Ya pasó en otros tiempos”, se lamentó un funcionario que tiene despacho en la Casa de Gobierno. Y agregó: “El tema es la plata que tenés en el bolsillo. Los invitaría a que vean los números”.
Los demandantes pretenden que se disponga una suspensión de la medida del Poder Ejecutivo, con efecto para todos los jubilados afectados. Varios miles de pasivos en los últimos días firmaron su adhesión a la presentación judicial.
Entre los argumentos, los querellantes invocaron el principio de igualdad ante la ley y de progresividad de los derechos fundamentales. Pese a esto, fuentes oficiales destacaron que la demanda no ataca la constitucionalidad de la norma que aprobó el Congreso. “Tenemos ya 7000 adhesiones, no solo las de la ciudad de Buenos Aires, sino del interior del país”, contó Semino en declaraciones a Radio Continental.
Según el director de la Tercera Edad, la demanda busca evitar que
“el Estado termine generando una enorme industria del juicio, como en el caso Badaro”, en que la Corte Suprema terminó estableciendo un concepto de movilidad a través de un índice distinto al que pagaba en ese entonces la Anses. Mientras tanto, sigue pendiente la nueva fórmula para el aumento jubilatorio. La semana pasada, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, envió a la Cámara de Diputados una carta para solicitar que integre una comisión para resolver una nueva pauta jubilatoria. Pero aún nada se sabe sobre los avances de la comisión. El único que ha dicho algo en público sobre el asunto fue Vanoli, para quien la próxima ley de movilidad jubilatoria debería incluir el cálculo sobre la base de la actualización de salarios y la evolución de la recaudación.
En paralelo, hace 10 días, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que reduce las jubilaciones de los jueces y diplomáticos que se retiren de aquí en adelante. La norma enviada prevé quitarles a los magistrados que se jubilen el beneficio de cobrar el 82% del salario, lo que provocó una fuerte reacción de magistrados y fiscales.


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Denuncia colectiva de jubilados en la Justicia para reestablecer la Ley de Movilidad

  • Clarín
Presentación. El presidente Alberto Fernández anunció el viernes 15 en la Casa Rosada el aumento jubilatorio junto a Luana Volnovich (PAMI) y Alejandro Vanoli (ANSeS).

La presentaron ayer el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, y más de 7.000 jubilados en un juzgado de Seguridad Social. Plantean el regreso de la Ley de Movilidad que estaba vigente porque, según afirman, más de dos millones de jubilados fueron perjudicados en sus haberes por el nuevo régimen de aumentos. El Gobierno les otorgó un 13% entre marzo y mayo a los que ganan la mínima, pero aplicó un ajuste al resto de las jubilaciones.
Con la firma de unos siete mil jubilados, el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, presentó ayer ante la Justicia una demanda colectiva para cuestionar el cambio en el cálculo jubilatorio dispuesto por el Gobierno nacional.
En las demandas, que se presentaron en forma individual pero con el mismo esquema que preparó el equipo de Semino, los jubilados perjudicados por la suspensión de la Ley de Movilidad solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del nuevo cálculo de los aumentos de jubilaciones, pensiones y Asignacíón por Hijo.
Hace una semana, el presidente Alberto Fernández anunció que en marzo, los jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH cobrarán sus haberes y asignaciones con un aumento del 2,3%, a lo que se suma una suma fija de 1.500 pesos. Esa suma fija rompe con la proporcionalidad de la Ley de Movilidad, ya que ahora, los jubilados que cobran la mínima percibirán un 13% por ciento de aumento en total, y los que cobran más que eso recibirán un porcentaje de suba cada vez menor. La Ley de Movilidad Jubilatoria había sido suspendida por el Congreso por pedido del Ejecutivo a fines del año pasado, y establecía que el aumento de marzo debía llegar al 11,56% para todos los jubilados por igual.
La demanda colectiva fue presentada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 9, a cargo de la jueza Silvia Saino, subrogante. En el caso de no obtener una resolución favorable, Semino adelantó que pedirán un recurso “per saltum” para llegar a la Corte Suprema.
“Tenemos ya siete mil adhesiones, no sólo las de la Ciudad de Buenos Aires, sino del interior del país, Córdoba, Rosario, Mendoza, Comodoro Rivadavia, que nos van mandando sus peticiones”, contó Semino en declaraciones a radio Continental.
“A lo que se apunta -indicó el funcionario- es tratar de evitar que el Estado termine generando una enorme industria del juicio, como en el caso Badaro, entre otros, donde la larga espera hasta que sale el fallo judicial ha visto morir a millones de jubilados sin que puedan gozar de su derecho”.
En este sentido, al explicar los detalles de la presentación, Semino sostuvo que están “planteando la inconstitucionalidad y una medida cautelar para que se aplique a todos por igual, para que se aplique el índice que había generado la ley de movilidad”.
Asimismo, manifestó que los que cobran la jubilación mínima están exceptuados de esta presentación “porque con el nuevo esquema están percibiendo 192 pesos más por mes respecto del esquema anterior”.
“La idea es volver a la movilidad anterior hasta que se fije otro tipo de movilidad. Lo que estamos tratando es de evitar y ayudar al Gobierno y a los jubilados para que no haya una nueva ola de litigiosidad”, insistió.
La Defensoría argumenta que mientras que para los que cobran la mínima el nuevo esquema que estableció por decreto el Gobierno implica un incremento, para los que perciben por encima de ese monto significa una pérdida de ingresos respecto del anterior cálculo jubilatorio.
Cuando anunció el nuevo aumento, el Presidente lo presentó como un nuevo esquema “solidario” que favorece a los jubilados que menos cobran frente a los que más ganan. En rigor, según cálculos técnicos, el Gobierno podría ahorrar unos $5.100 cada mes, y la cifra podría crecer hasta los $100.000 millones en todo 2020 si se repite el mismo régimen de aumento a mediados de año.
Los aumentos con suma fija tienen como consecuencia el “achatamiento” de la pirámide de ingresos, porque los jubilados reciben casi el mismo momento por igual, con lo cual los que perciben los haberes más bajos comienzan a “alcanzar” a los de haberes medios. Esa situación ocurrió durante el Gobierno de Néstor Kirchner, que eligió dar aumentos por decreto con sumas fijas y de ese modo creció sensiblemente la cantidad de personas que terminaron cobrando la jubilación mínima. Hoy, esa proporción bajó hasta menos de la mitad de los jubilados. Con el aumento de Fernández, la totalidad de los jubilados que hicieron aportes a la seguridad social durante su vida laboral terminaron cobrando menos de lo que les hubiera correspondido si seguía en práctica la Ley de Mobvilidad sancionada a finales de 2017 por iniciativa del Gobierno de Mauricio Macri.
Hace diez días, el Gobierno convocó a una comisión con miembros del Poder Ejecutivo y el Congreso para comenzar a diseñar una nueva ley de Movilidad Jubilatoria. A pesar de que el plazo de la suspensión de la ley anterior concluye en junio, hasta ahora no se conocen detalles del nuevo proyecto legislativo. ■

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