Nuevo proyecto de Ley de Alquileres prevé ajustes por inflación y salarios

La iniciativa ingresará en los próximos días a Diputados. Deberá ser negociada con la oposición que cuenta con otros proyectos presentados. Plazos, honorarios y otros detalles que están previstos.



Con pocas chances efectivas de que logre ser tratado durante este año, el Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso un nuevo proyecto de ley de Alquileres, que ajusta a través del índice de inflación y salarios.

La iniciativa fue trabajada en conjunto por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el secretario de la Vivienda, Iván Kerr y un grupo de legisladores oficialistas, liderados por Daniel Lipovetzky, titular de la Comisión de Legislación General.

La iniciativa, que ingresará a la Cámara de Diputados, deberá ser negociada con otros ya existentes: hay uno ya presentado por Lipovetzky y otros por la oposición (FpV, Movimiento Evita, Red por Argentina).

Además, deberá lograr un consenso para su tratamiento en vísperas de las elecciones, con un Congreso prácticamente en receso y otras iniciativas en carpeta como el reperfilamiento de deuda.

La iniciativa plantea que los alquileres se ajustarán a través de la evolución del índice de precios y salarios. En los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler se fijará como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual, para contratos de menos de 650 Uvas -$26.600-, solo se podrán realizar ajustes utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el BCRA.

En tanto, establece que no quedarán a cargo del inquilino el pago de honorarios por la intermediación de un corredor inmobiliario, gastos de publicación, certificación de firmas y cualquier otro en el que incurriere el intermediario a efectos de perfeccionar o renovar un contrato.

Los plazos del contrato de alquiler serán por dos años, aunque llegado el día de vencimiento del contrato, la locación se prorrogará obligatoriamente por un año, salvo notificación fehaciente del locador o el locatario manifestando su intención de no renovarlo.

Otro punto de importancia es el de las garantías. Se podrán presentar la garantía de otro inmueble, un aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o una garantía personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos, o cualquier otro medio fehaciente.

Además, los contratos de locación de inmuebles deberán ser declarados por ante AFIP.

En diálogo con Ámbito Financiero, Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, sostuvo que no fueron consultados por el Gobierno para la elaboración de esta iniciativa pero celebró que el tema vuelva al Congreso "porque hay que aggiornarlo".

Consideró que hay puntos del proyecto con los que acuerda y otros con los que no y detalló que es necesario que "los alquileres puedan indexarse para darle transparencia al mercado", pero que habría que "debatir el método, que sea un equilibrio de partes entre propietario e inquilino".

Además, rechazó la eliminación del pago de los honorarios de intermediación a cargo de los inquilinos. "Es una profesión altamente capacitada y si una persona quiere contratar, es justo que pague por ese servicio", explicó.

Por último, anunció que la próxima se reunirá la Mesa de la Industria Inmobiliaria donde están todos los actores del sector (Asociación de Desarrolladores, Constructores, Ciencias Económicas, Arquitectura, Inmobiliarios, Propietarios e Inquilinos) para evaluar el proyecto de ley del Gobierno y proponer modificaciones si fueran necesarias.
Fuente: Ámbito Financiero

Proponen un nuevo índice para ajustar los alquileres

Regiría para contratos inferiores a $26.650 al mes.

Más allá del resultado adverso de las PASO, el Gobierno busca retomar ciertas iniciativas parlamentarias y durante esta semana enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de alquileres que propone que los contratos menores a $26.000 por mes se ajusten según la evolución de un índice mixto entre precios y salarios.
En concreto, el proyecto que entraría por la Cámara de Diputados establece que el aumento de los montos para aquellos contratos inferiores a 650 UVA –equivalentes hoy a $26.650– deberá hacerse por un índice conformado por el índice de precios al consumidor (IPC) del Indec y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte), los dos elementos que se toman en cuenta para el ajuste de las jubilaciones y otros programas sociales de la Anses.
Según define el nuevo proyecto de ley, el indicador para el ajuste de alquileres deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA).
Antecedentes
El Gobierno ya había querido instalar este proyecto en dos ocasiones, a fines del año pasado y a principios de este, pero en ambas instancias se encontró con la resistencia del sector inmobiliario, que rechazó, entre otros puntos, el techo que impone a las comisiones. A su vez, advertía sobre la falta de incentivos para los propietarios: según su visión, las regulaciones para los alquileres favorecen solo a los inquilinos, en un contexto de caída de la rentabilidad. Según plantean, el retorno por colocar un departamento en alquiler se ubica hoy en mínimos históricos y ronda el 2,5% anual.
Sin embargo, ahora el proyecto cuenta con más precisiones que en anteriores oportunidades, ya que le pone un número al umbral de los alquileres que de alguna forma serían regulados por el Estado.
Según la iniciativa –que ingresaría esta semana con el proyecto de promoción de inversiones inmobiliarias y la ley nacional de vivienda–, “cuando el valor de las cuotas mentres suales de las locaciones habitacionales sea menor al límite que cada provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establezca mediante ley especial, o en su defecto menor a seiscientas cincuenta (650) Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), actualizables por el coeficiente de estabilización de referencia (CER), solo se podrán realizar ajustes utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte), que deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.
En cuanto al plazo de los contratos, en tanto, el Gobierno recortó el planteo inicial de una duración de años y en la iniciativa habla de dos, aunque establece que “llegado el día de vencimiento del contrato, la locación se prorrogará obligatoriamente por un año, salvo notificación fehaciente del locador o el locatario manifestando su intención de no renovarlo”.
La parte de las comisiones se mantiene y todos los gastos correrían a cargo del propietario, incluida la certificación de firmas.
Por otro lado, establece que los contratos deberán ser declarados ante la AFIP, dentro del plazo, en la forma y con los alcances que dicho organismo disponga, y dice que el locatario deberá ofrecer al menos dos opciones de garantía entre las siguientes: garantía real, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o garantía personal del locatario, y el locador deberá aceptar una.
Por último, en caso de que el inquilino no pague, el propietario podrá enviarle una notificación y, cumplido el plazo, queda habilitada la acción judicial de desalojo. El plazo de ejecución de sentencia de desalojo no puede ser menor a 10 días ni mayor a 90 días.
Consultado por la nacion, el fundador de Reporte Inmobiliario, José Rozados, dijo que este proyecto era el que proponían las asociaciones de inquilinos y la única objeción que le hizo es que el índice salarial tiene mucho retraso. “Por ejemplo, ahora el último publicado es el de julio y sería ya necesario para aplicar teóricamente a un contrato que tenga que renovarse a partir de octubre”, explicó.
Más allá de esto, consideró que el tema seguramente será tratado por el próximo gobierno, “con el riesgo de que el proyecto que se trate a futuro pueda ser aún más regulador y con más restricciones impuestas al propietario”.
En tanto, consultado por la posibilidad de que esta iniciativa se trate ahora, un diputado de la oposición dijo que “hay que ver los detalles” y que el año pasado se había avanzado mucho sobre el proyecto de ley de alquileres y había una versión para sacar después de la media sanción del Senado, pero los dictámenes se cayeron.

Comentarios