La actuación judicial está encabezada por los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano.La Justicia entrerriana avanza la causa por coimas y sobreprecios relacionada con el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, en la que estarían involucrados varios funcionarios y ex funcionarios. Se trata de maniobras concretadas por software para la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía.
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Los nombres que figuran
En la investigación por “negociaciones incompatibles” con el Estado y cohecho, aparecen vinculados Diego Valerio, actual representante del Estado en el banco provincial, así como los funcionarios José Gervasio Laporte (secretario Legal y Técnico del gobierno entrerriano); Luis Erbes (titular de la Secretaría de Presupuesto y Finanzas); el ex ministro de Trabajo y ex titular del Tribunal de Cuentas, Guillermo Smaldone quien es actual asesor de la Cámara de Diputados de la provincia; el ex director General de Informática, Carlos Haidar; y el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ángel Ulrich; al igual que el ex director de Hacienda, José Humberto Flores. Ninguno de ellos está imputado todavía, pero la Justicia les exigió que designen abogados defensores para la causa, lo que ya fue formalizado.
La causa
En 2007, Sergio Urribarri, en ese entonces ministro de la provincia, a partir de su contacto con el empresario paraguayo Diego Cardona Herreros, propuso la contratación de su empresa Relevamientos Catastrales, con sede en Capital Federal.
En el estudio del empresario, hallaron valiosa documentación que probaría marcadas desprolijidades y sobreprecios en las licitaciones, que sirvieron para pagos irregulares a los funcionarios provinciales intervinientes en contraprestación por la realización de actos públicos, como así también a los directivos intervinientes. Los pagos incluirían incluso al ex gobernador Urribarri, a partir de licitaciones iniciadas en 2008, es decir, a poco de asumir su primer mandato.
Primera maniobra
En la primera operación con Relevamientos Catastrales hubo 3.200.000 pesos de sobreprecio a distribuir entre funcionarios y directivos de la firma, como los casos de Jorge Zanabone, Alfonso Campitelli, Guillermo Linares y la abogada Miriam Fessia. Es decir, se destinó algo más de un millón de dólares a distribuir (en ese entonces el dólar estaba 3,17 pesos), de una operación con el Estado de 3.218.000 dólares o 10.201.060 pesos, en peso argentino de 2008. O sea, un 25 por ciento más en la contratación, por el sobreprecio acordado. Estos últimos directivos mencionados tuvieron activa participación, ya en septiembre de 2007, en la confección de los pliegos de bases y condiciones, para lograr de esa manera ventajas claramente comparativas con relación a empresas competidoras de la licitación, como así también en la preparación del presupuesto oficial de la contratación.
Quienes llevaron adelante el trámite de la licitación pública fueron el entonces director General de Informática, Carlos Haidar y el director general de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich, quienes contrataron un “servicio de administración de recursos humanos que permitiera generar un legajo electrónico único, descentralización operativa (interconectado vía web), un módulo liquidador adaptable a múltiples escalafones (diferente normativa), la administración de múltiples beneficiarios, compatibilidad con el SIAF, el rediseño de circuitos administrativos y de documentación, y la generación de reportes”.
Los sobreprecios percibidos entre gobernador, funcionarios y directivos -según las anotaciones y documentación hallada en el estudio de Cardona Herreros- fueron cobrados entre mayo de 2008 y diciembre de 2010. Se insiste: fue algo más de un millón de dólares lo que se distribuyó, se consignó en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral).
Segunda maniobra
En el segundo hecho, lo que se buscó fue lograr una prórroga de la contratación de Relevamientos Catastrales, para generar otro sobreprecio, que se abonaría nuevamente a los funcionarios. Esto se logró a partir de enero de 2010, aunque se falsearon fechas, para dar por iniciado el trámite en 2009.
La suma mensual cotizada por la empresa del empresario Cardona Herreros ascendió a 285 mil pesos mensuales (casi 90 mil dólares), por ocho meses.
La prórroga de ocho meses se habría computado a partir de diciembre de 2009, cuando en realidad la misma era gestionada en febrero de 2010, con lo que se habría producido un incremento patrimonial adicional para la empresa y los funcionarios, por el cobro de meses que no implicarían contraprestación alguna.
Lo que se acordó con los funcionarios provinciales fue una sustracción equivalente a un sobreprecio de 135 mil pesos mensuales, de los cuales los funcionarios percibirían una suma equivalente 105 mil pesos mensuales en concepto de sobornos, siendo el resto distribuido entre los integrantes de la empresa.
Dichas sumas fueron cobradas entre abril y septiembre de 2010. Es decir, que distribuyeron más de 33 mil dólares por mes.
Tercera maniobra
En el tercer hecho investigado por los fiscales Yedro y Badano, se tramitó una nueva contratación con la empresa de Cardona Herrero, desde el 11 de agosto de 2010, con la finalidad parcialmente ficticia de que la provincia adquiriera nuevos desarrollos técnicos relacionados al software de la Licitación de enero de 2008, por un tiempo de diez meses, con una cotización de 180.290 pesos por mes.
Esto es algo así como 57 mil dólares mensuales de ese tiempo. En esta negociación, además de los mencionados Haidar y Ulrich, tomó intervención la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía que conducía Diego Valiero, quien aconsejó encuadrar la contratación en la vía de excepción por contratación directa e intervino el Contador General de la Provincia, Aurelio Oscar Miraglio.
Miraglio emitió el dictamen 900, fechado el 9 de noviembre de 2010, dando curso a la tramitación. Por el Decreto 4.437 del Ministerio de Economía del 17 de noviembre de 2010 se concretó la adjudicación por contratación directa.
Así, se estableció una ejecución en diez meses, por el monto mensual de 180.290 pesos, sobre el cual, se había acordado una sustracción equivalente a 30 mil pesos mensuales que sería abonada a los funcionarios como contraprestación por sus asistencias funcionales favorecedoras para el empresario. Durante diez meses, se distribuyeron casi 9.500 dólares mensuales de soborno.
Cuarta y quinta maniobras
El cuarto hecho investigado por el Ministerio Público Fiscal se registró en 2011. Era colateral de lo iniciado en 2008, por la contratación de un servicio de soporte diario de “administración de base de datos” y mantenimiento técnico de los sistemas de la Dirección General de Informática y de la Dirección de Ajustes y Liquidaciones.
Los funcionarios Haidar y Ulrich elaboraron el presupuesto oficial, estimándolo en 250 mil pesos mensuales (unos 80 mil dólares de entonces), por 18 meses con opción de prórroga por parte de la Provincia por otros 18 meses más.
Es decir, en 18 meses, le iba a costar a la provincia cerca de 1.500.000 dólares. Eso contempló un sobreprecio que se convertirían en pago de sobornos a los funcionarios, por al menos 67 mil pesos mensuales, que se distribuyeron 21.135 dólares por mes entre los involucrados.
En virtud de esta contratación, la Provincia de Entre Ríos pagó a la firma “Relevamientos Catastrales2 la suma aproximada de 17.734.249,40 de pesos tan sólo entre marzo de 2012 y febrero de 2015. Es decir, más de 5.600.000 de dólares, se denunció en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral).
Hubo un hecho número cinco en estos negocios del empresario Cardona Herreros con el Ministerio de Economía de la provincia. Fue en una licitación en 2015, es decir, el último año de gobierno de Sergio Urribarri, el principal beneficiado de estas maniobras.
Esta vez fue la contratación de Consultoría Técnica Informática de soporte y asistencia del sistema de administración de Recursos Humanos y Liquidaciones que estaba en uso. Haidar elaboró un presupuesto estimado para una contratación de 12 meses con opción de la provincia de prórroga por otros seis meses más, en 400 mil pesos mensuales.
La empresa Relevamientos Catastrales resultó adjudicada por un decreto de Urribarri y Valiero, con su oferta de 652.800 pesos mensuales (un monto total por 12 meses de 7.833.600 pesos, sin contabilizar la opción de prórroga), en la cual se preveían aproximadamente 130 mil pesos mensuales como sobreprecios, los cuales a la postre serían distribuidos entre los funcionarios en concepto de sobornos.
Lo saliente de todo esto es que Ulrich y Haidar recibían, aparte, desde la empresa, cinco mil pesos mensuales, que incluso fueron depositados en sus cuentas bancarias.
Última maniobra
El sexto hecho investigado por los fiscales Yedro y Badano salió de la órbita del Ministerio de Economía. Esta vez fue con el Ministerio de Trabajo, que comandaba Guillermo Smaldone, hijo del vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Juan Smaldone y amigo personal de la familia Urribarri.
El favorecimiento a las empresas contratistas de Diego Armando Cardona Herreros se concretó nuevamente a través de la Licitación Pública 84/13.
Nuevamente como única oferente, la firma “Relevamientos Catastrales SA” realizó una oferta económica que ascendía a 550 mil pesos mensuales, por los 36 meses de contratación, y un monto total de 19.800.000 pesos.
De acuerdo a lo investigado, se estipuló un sobreprecio de aproximadamente 155 mil pesos mensuales, monto que era luego abonado a los funcionarios intervinientes en el trámite como contraprestación ilícita por la realización de tareas propias de sus cargos a favor de la firma, así como una ganancia extraordinaria para los empresarios.
En las próximas fechas, todos estos movimientos tendrán que ser expuestos detalladamente ante los fiscales. Desfilarán cada uno de los actuales funcionarios mencionados, como así también los que ya no están; pero que aparecieron en los papeles encontrados a Diego Cardona Herreros y en cuentas bancarias investigadas.
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CAUSA DE LA VACA: EL JUICIO SIN FECHA.
Investigan el supuesto desvío de publicidad durante le urribarrismo en beneficio del cuñado Aguilera. Los debates se programaron para el 29 de julio. Pero se suspendieron.
La Justicia emplazó a Juan Pablo Aguilera y a su esposa, Luciana Belén Almada, a que designen abogado defensor para que entienda en el juicio en su contra en la conocida causa “de la vaca”, en la que se investigó el supuesto direccionamiento de publicidad callejera entre 2010 y 2015, en la última parte del gobierno de su cuñado, Sergio Urribarri.
El juicio estaba programado iniciar el 29 de julio, pero fue suspendido el 25 por un pedido formulado por dos abogados defensores, Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces, que por problemas de salud no podían participar de las audiencias.
Ahora, en una resolución fechada el 2 de agosto, el Tribunal de Juicio y Apelaciones, integrado por Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y Gervasio Labriola, analizó la situación planteada por uno de ellos, Rodríguez Allende, que defiende a Aguilera y Almada.
El profesional médico que justificó la imposibilidad del letrado para estar en el juicio fue el psiquiatra Luis Pirro, quien en una audiencia celebrada el 10 de julio, sostuvo que Rodríguez Allende no estaba apto para ejercer su rol plenamente por el término de 45 días.
En base a esa exposición, el Tribunal consideró que “debido al cuadro de salud que presenta, no solo no se encuentra en la actualidad en condiciones de ejercer en forma plena su rol, sino que tampoco existe un pronóstico cierto de cese -provisorio, menos aún definitivo- de tal situación. Lo dicho, pues si bien el certificado médico agregado prescribe un período de ‘reposo’ por 45 días, el psiquiatra en forma verbal se explayó sobre el cuadro de su paciente -a cuyas precisiones nos remitimos- refiriendo lapsos de tiempo mayores, dando cuenta de un tratamiento -con lapsos de mejoría y otros de retroceso- que ya lleva algunos años y que no puede estimarse por cuánto tiempo se podrá prolongar”.
“Lo dicho implica –agregaron- , por un lado, que no se puede establecer una nueva fecha de realización del plenario en estas condiciones, y por el otro, que los incursos Aguilera y Almada se encuentran en una clara situación de indefensión, que debe ser subsanada de inmediato”.
En función de esa situación, los magistrados emplazaron a la pareja a designar un abogado co-defensor de su confianza en el término de diez días. El nombramiento, explicaron, no implica el apartamiento de Rodríguez Allende que es “quien podrá ejercer su ministerio en forma conjunta o indistinta cuando sus posibilidades materiales derivadas de su estado de salud lo permitan”.
A su vez, aclararon que si la pareja no designa ningún otro letrado, se les nombrará un Defensor Oficial quien se desempeñará como defensor sustituto en los términos del artículo 133 del Código Procesal Penal.
Al finalizar, dejaron en claro que una vez que el juicio tenga nueva fecha, cuestión que esta a cargo de la OGA, éste no se aplazará nuevamente. “Se hace saber a todas las partes que el debate cuya fecha de realización será fijada oportunamente según el calendario que lleva a tales efectos la O.G.A. no se suspenderá nuevamente por motivos de la misma naturaleza, para lo cual el Tribunal adoptará eventualmente, las medidas pertinentes para asegurar su efectiva realización”.
La causa
El expediente judicial está caratulado “Urribarri Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel Corina; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; peculado, defraudación a la Administración Pública”.
Los imputados son: Sergio Urribarri, exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia; Pedro Báez, exministro de Comunicación y Cultura y actual diputado; Juan Pablo Aguilera- cuñado del exgobernador-, a quien la Fiscalía adjudica las empresas Tep SRL y Next SRL; y quienes aparecen como socios de esas firmas, Luciana Belén Almada –pareja de Aguilera-, su hermano Alejandro Luis José Almada –cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel.
Además, están acusados el empresario Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio de Cultura y Comunicación.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”. Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.
El 24 de mayo de 2018, apareció el primer arrepentido de la causa: el publicista Jesús José Bustamante. El empresario admitió en un juicio abreviado haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.
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